Ciudad de México, México.– El árbitro electoral capitalino ha aplicado diversas acciones afirmativas de manera progresiva, pero aún hay retos -por ejemplo, dentro de los partidos políticos- y es necesario analizar si deben incrementarse de cara al próximo proceso electoral e incluso en la Consulta del Presupuesto Participativo.
Lo anterior fue señalado por la consejera electoral Sonia Pérez Pérez al participar en la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales, organizada por la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el fin de abordar los retos para garantizar los derechos político-electorales de las personas discriminadas históricamente.
La consejera presidenta de la Comisión Provisional para el Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres y los Grupos de Atención Prioritaria explicó que el IECM, en el pasado Proceso Electoral 2023-2024, logró que los partidos políticos aplicaran acciones afirmativas en sus candidaturas.
Agregó que se incluyeron personas jóvenes, adultas mayores, de la diversidad sexual, con discapacidad, de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, y afromexicanas, además de paridad, en las postulaciones.
“Avanzamos juntos Instituto, partidos y ciudadanía en este respeto de los derechos, veámoslo desde esa perspectiva, y ahora lo que tenemos que hacer es analizar si son suficientes y cómo podemos seguir avanzando para el siguiente proceso electoral”, señaló.
Al interior de los partidos políticos, explicó, aún hay resistencias para aplicar acciones afirmativas, pues argumentan que no hay personas de algún grupo en vulnerabilidad que puedan postular, o proponen conocer la agenda de cada grupo para incorporar sus demandas a sus plataformas electorales, pero sin abrirles espacio en las candidaturas.
Otro desafío es lograr que los actos de campaña, durante un proceso electoral, sean inclusivos, para que las candidaturas puedan acercarse a las personas que buscan representar.
Por otra parte, mencionó que un reto más está relacionado con la Consulta de Presupuesto Participativo, pues habría que valorar si un porcentaje de los recursos asignados por las alcaldías para proyectos de la ciudadanía tendría que ser reservado para estos grupos.
Por último, referente al porcentaje de financiamiento público que los partidos políticos destinan para actividades de capacitación y educación política (Gasto Programado), tanto del liderazgo político de la mujer como del liderazgo de los jóvenes, señaló que sería necesario incluir a estos grupos prioritarios en tales obligaciones de gasto.
En la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales participaron Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF; Janine Otálora, Magistrada de la Sala Superior del TEPJF; María Guadalupe Silva Rojas, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF; Claudia Zavala, Consejera del Instituto Nacional Electoral, y Alma Elena Sarayth de León, Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, entre otras.
