Ciudad de México, México.– En la sesión presencial de este miércoles, diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC dieron a conocer su postura sobre el dictamen que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política, en materia de prisión preventiva oficiosa.
La prisión preventiva oficiosa es una necesidad
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) consideró que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, y de acuerdo con el Inegi ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego. El único delito que se mantuvo al alza, razón del dictamen, es la extorsión en su modalidad de pago de piso; “es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para empresarios, trabajadores, productores, comerciantes, gobiernos municipales y debe sancionarse”.
Expuso que la prisión preventiva ha existido y debe existir; debe ser temporal en algunas condiciones y tiene que obedecer a la coyuntura también. “Nosotros, de ninguna manera, vamos a aceptar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogue lo dispuesto en la Constitución en su artículo 19, en lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa. Estaremos dispuestos a revisar todo lo que sea necesario para que en nuestro país la supremacía constitucional se mantenga, pero respetando los derechos humanos y, entre ellos, lo del proceso debido y la presunción de inocencia”, subrayó.
No existe evidencia de que la prisión preventiva reduzca delitos
Al emitir el posicionamiento del PAN, el diputado Fernando Torres Graciano aseguró que no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos y con el dictamen se hace creer que al poner en el catálogo de delitos graves el narcomenudeo se va a resolver, cuando lo que se requiere es un gobierno eficiente y eficaz. Llamó a mexicanas, mexicanos y jóvenes a tomar, promover y defender sus derechos humanos.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) puntualizó que hoy se está rompiendo con la presunción de inocencia y se está construyendo un sistema que encierra sin juzgar, el cual no es justicia sino tiranía. “Como está redactado el dictamen se cae en el error de una sanción penal anticipada y sin medidas alternas; la reforma va en contra de todo lo establecido en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Estamos en contra porque es una herramienta para meter a la cárcel a inocentes”.
Se ha sobrecargado el sistema penitenciario
Del PVEM, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca indicó que la reforma es necesaria porque se ha sobrecargado el sistema penitenciario y miles de personas están privadas de su libertad no por ser culpables, sino que no pudieron enfrentar su proceso en libertad. “El dictamen redefine los delitos para los cuales la prisión preventiva oficiosa será aplicable, enfocándose en aquellos que representen un riesgo significativo”.
Por el mismo grupo parlamentario, la diputada Ana Erika Santana González explicó que entre los delitos que se incorporan a la prisión preventiva está la extorsión y el narcomenudeo; no obstante, subrayó, conocen que estas medidas preventivas no resuelven los problemas, pero son un componente esencial para frenar el crecimiento de los delitos que se han enraizado en México.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PVEM) observó que el cambio constitucional implica el reforzamiento de las herramientas legales y capacidades institucionales del gobierno para atender el problema de la seguridad. “Las medidas están enfocadas a mejorar la situación del país. No debemos permitir que las diferencias políticas mermen el avance en la implementación de la estrategia”.
La reforma garantiza eficiente recaudación fiscal
A su vez, la diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) indicó que la prisión preventiva oficiosa evita que supuestos responsables de delitos graves evadan la justicia y con la reforma se fortalecerá al incorporar la extorsión, el narcomenudeo, la defraudación fiscal y los relacionados con el tráfico de drogas sintéticas, al catálogo de delitos. Garantiza una eficiente recaudación fiscal, bienestar social y cuidado de la salud pública.
Por el PT, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja afirmó que la modificación a la Carta Magna recoge el reclamo de las víctimas de extorsión, “que es un impuesto criminal”, para cerrar la puerta giratoria de las prisiones y combatir la impunidad. Se busca proteger a la sociedad de personas que implican un peligro criminal, eliminar riesgo de fuga y asegurar la presencia del imputado en el juicio.
Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del PT, precisó que la reforma es eslabón y pieza fundamental para terminar con los temas de inseguridad. La mayoría de las personas que están recluídas, abundó, no es por la prisión preventiva oficiosa, sino porque la justicia era clasista, misógina y un privilegio para quien tenía recursos económicos. Por ello, opinó que se debe acercar la justicia a quien más la necesita y menos tiene.
Se violenta el principio de presunción de inocencia
Por el PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez se manifestó en contra porque la reforma pretende regresar al sistema penal inquisitorio, violenta el principio de presunción de inocencia que es parte fundamental del sistema penal acusatorio, no disminuye la criminalidad y afecta los derechos humanos; no se profesionaliza al Ministerio Público, motiva la lentitud de los procesos y promueve el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Graciela Ortiz González, diputada del PRI, hizo notar que se pretende fortalecer la figura de prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar que priva de libertad a una persona acusada de un delito antes de que se dicte una condena y esa práctica puede tener implicaciones en la protección de los derechos humanos, porque viola la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, las condiciones de detención y el posible daño social y familiar.
También del PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar afirmó que la prisión preventiva oficiosa es violatoria a todos los derechos humanos y es una práctica obsoleta en las democracias modernas. “El PRI está en contra del dictamen que pretende ampliar el catálogo de delitos y más en materia fiscal. La reforma es preocupante porque incorpora delitos que son graves y criminaliza la ignorancia de las personas como los delitos fiscales. Con este nuevo catálogo abrimos la puerta para condenar sin investigar”.
Prisión preventiva oficiosa impide la justicia y vulnera derechos
En representación de MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued señaló que la prisión preventiva oficiosa pinta el fracaso de la procuración de justicia, porque lejos de reducir la incidencia delictiva esta figura es un lastre que impide la justicia y tiene costos humanos, económicos, institucionales; es clasista e inoperante y “no significa construir un mejor país, sino estancarnos en la justicia sistemática”.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) manifestó que la prisión preventiva oficiosa no sirve para disminuir la incidencia delictiva; al contrario, afecta a los más pobres y a las mujeres, ya que una de cada dos que se encuentran presas están ahí sin haber tenido un juicio, mientras que uno de cada tres hombres está en esas circunstancias. Con la reforma no se afecta a los capos, ni grandes defraudadores fiscales o factureros que se defienden con abogados bien pagados, sino a las personas con menos recursos.
Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, puntualizó que la reforma no baja la inseguridad, no mejora la justicia ni disminuye la impunidad; lo que sí hace es violar derechos humanos, principios constitucionales, tratados y convenios internacionales y afecta a los más vulnerables y personas inocentes. Es una falsa solución a la crisis de violencia e inseguridad que padece el país y, para ello, se requiere de prevención, investigación, judicialización y aplicación de la ley.
