Ciudad de México, México.— El artículo 61 de la Ley de Amparo se constitucionalizará con las enmiendas en materia de inimpugnabilidad, asegura la mayoría morenista al posicionar el dictamen, mientras la oposición califica de “regresión histórica” esos cambios a la Carta Magna.
Diputadas y diputados de las seis fuerzas políticas representados en la Cámara de Diputados, en la sesión presencial de este miércoles, fijaron sus posicionamientos sobre el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política.
La diputada Olga Sánchez Cordero Dávila (Morena) expresó que lo que se hace hoy es constitucionalizar el artículo 61 de la Ley de Amparo. “La reforma apunta hacia un escenario que rescata el poder soberano menguado durante las últimas cuatro décadas e integra un modelo de ingeniería constitucional que abandona el principio de progresividad y nos lleva a criterios que ha valorado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro; eso no es contrario a la defensa ni promoción de los derechos humanos”.
Refirió que el debate sobre el control constitucional de las reformas a la Carta Magna ha sido uno de los grandes temas de derecho constitucional y procesal a nivel internacional, y cualquier posición no es fácil de abordar, ni cómoda. Además, la reforma llama a diferenciar sobre juicio de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad, pues su naturaleza es diversa y las reglas cambian.
Por el PAN, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas indicó que con la reforma se busca terminar con los derechos de las y los ciudadanos mutilando la Carta Magna; es una regresión histórica que costará años revertir y marca un antes y un después en el verdadero equilibrio de Poderes. “La Constitución, esa que ustedes matan, dejará de ser barrera contra excesos del poder”.
El diputado Fernando Torres Graciano (PAN) consideró que México está en una crisis constitucional, y al borde del rompimiento de separación de Poderes. Añadió que el proceso de reforma constitucional era rígido para dar lugar a la reflexión y plasmar la visión que todas las fuerzas políticas en el país. No solo se trata de tener la mayoría suficiente en el Congreso. “Seguiremos en pie de lucha para recuperar la posibilidad de la reconciliación, el encuentro y tener un México para todas y todos”.
La diputada del PVEM, Ruth Maricela Silva Andraca resaltó que el Poder Legislativo es el único ente autorizado para modificar la Carta Magna y las leyes que de ella emanen, por lo que el poder constituyente es el único facultado para revisar y modificar la Constitución y el Poder Judicial no la puede dejar sin efecto a su antojo porque no está facultado para ello. “Con la reforma sigue y se seguirá reconociendo el pleno goce de los derechos humanos contemplados”.
Juan Luis Carrillo Soberanis, diputado del PVEM, destacó que con la reforma se da certeza y claridad al texto constitucional, evitando que intereses particulares utilicen las vías judiciales para entorpecer o revertir las reformas aprobadas democráticamente y en estricto apego al procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional. “La reforma es necesaria para asegurar que las decisiones soberanas del Congreso no puedan ser frenadas por mecanismos juridiciales interpuestos”.
También del PVEM, la diputada Ana Erika Santana González manifestó que el artículo 135 constitucional establece la potestad de la reforma constitucional y recordó que la controversia es un instrumento de defensa para equilibrar los principios de organización del Estado que busca mantener el equilibrio y separación de poderes, y la acción de inconstitucionalidad revisa la constitucionalidad de las leyes, es decir si una ley se apega o no a la Carta Magna.
A su vez, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) aseguró que permanece el juicio de amparo, la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, pues continúan como control de regularidad constitucional de grupo, ya que no afectan a los ciudadanos. “En la punta de la Pirámide de Kelsen está la Constitución, pero lo que hoy se busca es evitar que la Corte dé un golpe de Estado legal a través de la interpretación de la Carta Magna”.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Irma Yordana Garay Loredo comentó que con la aprobación de esta reforma se está democratizando al Poder Judicial, el cual solo debe servir en beneficio de nuestro pueblo y, con ello, poco a poco se está regresando a la vida cotidiana de los mexicanos el espíritu de la Constitución de 1917 que busca que los derechos sean para todas y todos, pero en especial darle todo el poder al pueblo.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) dijo que hoy se está elevando a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo y dando claridad al artículo 105 y 107 de la Constitución, por lo que “es falso que el Poder Judicial pierde su independencia o la división de poderes. El pueblo tiene oportunidad por primera vez de elegir jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas; van a conocer quién toma las decisiones más importantes de la vida cotidiana y el país”.
Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, aseveró que la reforma dañará gravemente al país y México se está convirtiendo en un Estado autoritario desde la Constitución; por ello, “estamos en contra del dictamen que atenta contra los principios de convencionalidad y representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos. Estamos en contra de la reforma, pero no de la supremacía constitucional”.
Indicó que hoy el PRI está defendiendo a las instituciones, su independencia y su dignidad, y es por ello que se opone a que se establezcan candados a los medios de defensa a actos legislativos y se le niegue a uno de los poderes, a los órganos autónomos o algún otro orden de gobierno, cuando considere que una norma es inconstitucional, que puedan promover un medio de defensa. Nos oponemos a disminuir las facultades de la Corte.
Sergio Gil Rullán, diputado de MC, denunció que en cinco días se está violentando la Carta Magma, pues la aprobación de la reforma es un paso decisivo hacia el autoritarismo y puede significar el fin de toda aspiración democrática para el país y el ingreso de México en una vergonzosa lista de regímenes autoritarios e incluso las reformas constitucionales podrían permitir la reelección o establecer un gobierno centralista. Por ello, se votará en contra.
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) aseguró que la reforma busca evitar a las y a los ciudadanos la posibilidad de defenderse por las leyes emitidas por el Congreso de la Unión y que atenten contra sus derechos fundamentales. “La propuesta, además de afectar el principio de progresividad de las garantías de protección de los derechos humano, reduce las herramientas de defensa con que los particulares cuentan frente al poder público”.
