Ciudad de México, México.– La tecnología comenzó a adentrarse en la impartición de justicia y en la actualidad estamos ante la oportunidad de tener una justicia abierta, con la que se busca la adopción de una filosofía de apertura gubernamental e institucional, aseveró el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la UNAM, Luis Gustavo Parra Noriega.
Esta visión busca situar la ejecución de mecanismos de gobernanza en las áreas de transparencia, rendición de cuentas, participación pública, colaboración e innovación, “donde también debemos hablar de datos abiertos, es decir, aquellos que se publican en formatos que permiten su reutilización para la creación de valor público”, expuso el experto en protección de datos personales.
Al participar en el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales. Reflexiones del Mundo Contemporáneo SEPERCIS 2024. Cultura Política y Participación Ciudadana: Paradigmas Actuales, aseguró:
La incorporación de tecnología “está relacionada con los expedientes digitales, notificaciones electrónicas, uso de inteligencia artificial (IA) en diferentes procedimientos, incluso aquellos sistemas que se utilizan en tribunales físicos como cámaras, proyectores, realidad aumentada y otros que van mejorando la eficiencia y calidad del sistema judicial”.
En su exposición titulada Transparencia y justicia digital dijo que esta permite la aplicación de tecnologías para mejorar el acceso a la justicia del ciudadano común y de personas morales, y está ligada al concepto de los estándares de datos abiertos.
Señaló que la IA podría transformar la justicia de manera digital para su uso en plataformas en resolución de disputas en línea, por ejemplo, aunque aún implica riesgos pues no existe una regulación adecuada de esa herramienta. En Europa inició la puesta en marcha de un reglamento en la materia y se verá si este enfoque de peligros dará los resultados esperados.
Durante el encuentro organizado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM, Sofía Salgado Remigio, de la Coordinación de Humanidades, refirió que 86 por ciento de los contratos públicos se asigna a hombres y 14 por ciento a mujeres.
Ello implica desigualdad; no obstante, hay países que llevan a cabo acciones para contratar compañías lideradas por el sector femenino, que brindan servicios con eficiencia y mayor transparencia.
La propuesta es democracia en este rubro, que haya normatividad más estandarizada y uso de tecnología. “El tema de la integridad empresarial es un planteamiento nacional y evidentemente va más allá del cumplimiento que generan las estructuras normativas internas y de los corporativos internacionales, entre otros aspectos”, acotó en su intervención con el tema Equidad y transparencia en las contrataciones públicas.
En tanto, la académica de la FES Aragón, Carolina del Ángel Cruz, abordó el tópico Justicia intrapartidaria e indicó que la Constitución establece que las autoridades electorales deben fortalecer el sistema de partidos políticos.
En la Carta Magna esas agrupaciones son consideradas entidades de interés público, es decir, no forman parte de ninguno de los tres poderes del Estado, pero están regulados por el cuerpo normativo constitucional porque tienen derechos y obligaciones, aunque igualmente poseen prerrogativas que no posee la ciudadanía en general.
