Ciudad de México, México.— Con 23 votos a favor de congresos locales, las Cámaras de Senadores y Diputados, en sesión vía fast track respectiva, declararon aprobado el decreto por el que se reforman, adicinan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma del poder judicial, por lo que los diputados remitieron el documento al Ejecutivo para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.
Ambas cámaraS con la ausencia de la oposición, dieron cuenta de las 23 entidades que votaron a favor del proyecto de decreto: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
En la Cámara de Diputados, después de la declaratoria de aprobación del decreto por parte del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, la aplanadora morenista con sus aliados gritaron con el puño en alto que “sí se pudo” el “mandato ciudadano” de la reforma al poder judicial.
Ante en la Cámara de Senadores se emitió la declaratoria de aprobación de la reforma al Poder Judicial, una vez que los cambios a la Constitución Política en la materia alcanzaron el aval de la mayoría de las legislaturas estatales.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, destacó que México será el primer país que elegirá con voto universal, secreto y directo a sus ministros, magistrados y jueces, y nunca más las personas juzgadoras serán parte de una élite contraria a los intereses de la ciudadanía.
La Cámara de Diputados declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, esta presidencia emite la siguiente de declaratoria:
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”.
Indicó que en términos del artículo 135 constitucional se remite al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Julieta Villalpando Riquelme (Morena), dio cuenta de una comunicación del Senado de la República sobre el proyecto de declaratoria.
Además, el diputado Pedro Vázquez González (PT), secretario de la Mesa Directiva, informó que se recibieron 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.
Indicó que “en virtud del cómputo realizado la secretaría da fe de la recepción de 23 votos aprobatorios al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Se pide a todas y todos los presentes ponerse de pie”.
Entre lo aprobado se destaca que las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.
Menciona que la SCJN se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Además, los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo y establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos señalados en la Constitución y en las leyes.
Incluye la figura de “jueces sin rostro”, al estipular que “tratándose de delincuencia organizada el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.
Crea el Tribunal de Disciplina Judicial el cual será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución Política.
En los transitorios precisa que el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Determina que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán ser mayores a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política en los casos que corresponda, sin responsabilidad para los Poderes Judiciales.
Indica que ministras y ministros de la SCJN que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria de 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.
Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.
Una vez emitida la declaratoria, el diputado Sergio Gutiérrez Luna levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de septiembre, a las 11:00 horas.
