Ciudad de México, México.– El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que conforme a las responsabilidades previstas en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sustancie e inicie el procedimiento de juicio político por los actos u omisiones de los jueces federales, Martha Eugenia Magaña López y Felipe Consuelo Soto.
Asimismo, se requirió a la Fiscalía General de República proceda a integrar una carpeta de investigación por las posibles conductas delictuosas de ejercicio ilícito del servicio público, contra la administración de justicia, y lo que resulte, previstas y sancionadas por el Código Penal Federal, en contra de los jueces mencionados.
Lo anterior al declarar inconstitucional e ilegalmente la suspensión del procedimiento de discusión y aprobación de la reforma constitucional sobre el poder judicial en la Cámara de origen, contrariando la normalidad de las actuaciones seguidas en juicio de amparo, con el fin de impedir la decisión soberana de la representación popular.
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) comentó que estas resoluciones van en contra de las actuaciones soberanas que ejerce el pueblo mexicano a través del Congreso de la Unión, por lo que es momento de traer este debate a la Ciudad de México, pues los ciudadanos aportaron votos que apoyan esta transformación.
En contra de la proposición, el legislador Federico Chávez Semerena (PAN) expresó su respaldo a los jueces federales, así como a otros actores que se oponen a la reforma, quienes han sido amenazados de la misma manera, y se manifestó en contra del “debilitamiento del Poder Judicial”.
La congresista Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) dijo que es necesaria la reforma al Poder Judicial y que detenerla es “ilícito e inmoral”, ya que al impedirla las y los jueces y magistrados están actuado en defensa de sus intereses, pues esta reforma va a favor de la población y fortalece la autonomía de este poder.
El diputado Manuel Talayero Pariente (PVEM) aseguró que el recurso de amparo no se puede aplicar a la iniciativa de reforma o sobre su procedimiento legislativo, por lo que los jueces federales procedieron “de manera ilegal contrariando la legalidad del juicio de amparo, con la intención de paralizar el trabajo legislativo”.
Por hechos, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación), afirmó que el poder judicial no ha logrado defender una posición política o un proyecto nacional, al contrario, ha defendido privilegios, impunidad, delincuencia organizada y la corrupción enquistada en sus filas.
Por el mismo motivo, el diputado Fernando Zárate Salgado (MORENA) afirmó que la aprobación del punto de acuerdo abonará a la discusión política de las acciones u omisiones respecto a los actos de las y los jueces federales.
Finalmente, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García (MORENA) hizo un llamado para que se realice el juicio político a los jueces mencionados en la proposición, “no podemos permitir violaciones a la ley, esto es el temor de los jueces y magistrados por perder sus privilegios, merecemos justicia para todas y todos”.
