Ciudad de México, México.– El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, en sesión privada hoy, instar al Consejo de la Judicatura Federal, encabezado por la ministra, Norma Lucia Piña Hernández, a tomar las medidas necesarias para garantizar la función jurisdiccional y que el paro, apoyado por algunos jueces y magistrados, no siga lesionando el derecho humano a la justicia.
Vale recordar que unos 50 mil trabajadores del poder judicial federal están en paro laboral indefinido en protesta por las reformas constitucionales que llevará a cabo el Congreso de la Unión. Los mismos trabajadores sindicalizados paristas reconocen que sus dos sindicatos no participan en ese movimiento. Sin embargo, hay una asociación civil de juzgadores que se adjudica la suspensión de actividades sin tener responsabilidad jurídica como lo argumenta la ministra Batres Guadarrama en su escrito hecho llegar al pleno de la SCJN.
analiza En la sesión con nueve votos en contra y dos a favor, el máximo tribunal desechó la solicitud de la ministra, Lenia Batres Guadarrama para instar al Consejo de la Judicatura Federal, con base en el artículo 11 fracción XIX y XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a tomar las medidas necesarias para garantizar la función jurisdiccional y que el paro apoyado por algunos jueces y magistrados no siga lesionando el derecho humano a la justicia.
La propuesta de la ministra Batres Gudarrama fue oficializada desde el viernes pasado mediante un oficio dirigido a la ministra, Norma Lucia Piña Hernández, quien preside tanto la SCJN como el CJF.
En el escrito se advirtió que la única organización que ha reivindicado este paro es una asociación civil que no tiene personalidad jurídica para promover un paro laboral, menos aún cuando la medida busca suspender los trabajos de uno de los tres Poderes de la Unión.
“Ante la paralización de las actividades y toda vez que la única determinación formal sobre el tema ha sido tomada por una asociación civil, debe tomarse en cuenta que una AC, por más que sea integrada por personas juzgadoras, no tiene el alcance de emitir declaraciones formales de suspensión de labores y establecer medidas que afecten directamente a terceros. La emisión de acuerdos sobre la actuación de los tribunales es responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que una persona moral de derecho privado puede encontrarse usurpando funciones del órgano que constitucionalmente se encuentra encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial”, señala el oficio firmado por la ministra Batres Guadarrama.
Añade que el interés económico de los funcionarios judiciales no puede colocarse por encima de la generalidad de los trabajadores, poniendo en riesgo la confianza y credibilidad de toda la sociedad en el Poder Judicial.
Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por mayoría de nueve votos. A favor sólo se manifestaron las ministras Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.
