TRAS LA PUERTA DEL PODER
Conseguidas con chapuzas, chicanadas, jaloneos, compra cínica de legisladores, reparto indiscriminado de dinero público, presiones y hasta con participación del crimen organizado y del narco, y con una sobrerrepresentación alcanzada por la vía inconstitucional, pero no por el peso del libre y razonado voto ciudadano, las mayorías legislativas del presidente Andrés Manuel López Obrador en Diputados y -por apenas 1 legislador- en Senadores, actuarán en este septiembre para cumplir con los caprichos del mandatario y hundir en el cataclismo económico, social y antidemocrático a México.
Ayer quedaron legalmente instaladas para iniciar de inmediato con el trámite de las 20 iniciativas de AMLO. Sin perder ni un segundo como él lo ha exigido.
A diferencia del Constituyente de 1917, este Congreso no debatirá. Anulada la oposición, las fracciones de Morena, PT y Verde acudirán a su mayoriteo para bajo la conducción de los pastores Ricardo Monreal en San Lázaro y Adán Augusto López en el Senado, aprobar ajustados al debido proceso legislativo las 20 reformas anunciadas el 5 de febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “sin moverles una coma”.
Las exigencias y propuestas de cambio presentadas en foros abiertos simplemente no sirvieron de nada. Solo a para darles atole con el dedo a quienes participaron en ellos. En especial a los ministros de la Suprema Corte y su presidenta Norma Piña.
Con las iniciativas de reforma intocadas, tal como las envió el mandatario, el único requisito al que se ajustarán las mayorías constitucionales de Morena, PT y Verde en Diputados y Senadores, será el del tiempo.
Necesitan aprobarlas en septiembre, sin violar los procedimientos legislativos, para que el mandatario pueda promulgarlas antes del 1 de octubre fecha en que entregará el poder a su elegida, a Claudia Sheinbaum, y gozar de que la Historia recuerde que fue él, y no otro, quien sepulto al régimen existente, y dio paso a otro Sistema que todos los estudiosos, analistas y enterados afirman será una autocracia.
No puede ser más que eso un régimen sin los contrapesos que serán anulados con estas reformas de este septiembre.
En este mes en curso se tramitarán las siguientes reformas (18 son constitucionales y dos legales):
-Reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derechos; Reafirmar el derecho a la pensión a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Lo mismo para personas con discapacidad; Otorgar becas a estudiantes de familias pobres: Garantizar atención médica integral gratuita; Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas: Prohibir el maltrato a los animales; Prohibir en México el maíz transgénico y el fracking, no otorgar concesiones mineras a cielo abierto; Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo dar concesiones para uso doméstico; Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Analizar el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y el delito fiscal de la delincuencia de cuello blanco; No permitir el aumento al salario mínimo, menor a la inflación anual; El salario mínimo para maestros, policías, marinos y no podrá ser menor al que reciben los trabajadores al IMSS; revertir reformas de pensiones y propone, para mayo, un fondo semilla que se irá incrementando poco a poco; Garantizar el derecho a la educación y el trabajo; Los campesinos contarán con un jornal seguro y permanente; Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionadas con Ernesto Zedillo y el Estado está obligado a garantizar el derecho a los servicios de internet, con empresa pública o mediante concesiones. Se le devolverá a la CFE su carácter de empresa pública y estratégica, agrega; la nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos. Disminuir regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar a los plurinominales; La Reforma al Poder Judicial apunta que magistrados y consejeros de organismos electorales deberán ser electos por los ciudadanos. Menciona una reducción al 30% para que las consultas sean vinculantes; que la Guardia Nacional pase a la Sedena; Convertir en política de Estado la austeridad republicana: Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos, “supuestamente autónomos del pueblo” creados en el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.
Las primeras iniciativas que se tramitarán este septiembre son las del Poder Judicial, desaparición de 7 organismos autónomos, la lectoral y la que transfiere la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.
Los 7 organismos autónomos que desaparecerían son:
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Comisión Reguladora de Energía (CRE), Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)…
SIN CONTRAPESOS NO HAY DEMOCRACIA
Trastocado el sistema Judicial, con una Suprema Corte reducida de 11 a 7 ministros y estos electos por voto popular, queda el país sin seguridad jurídica ni Estado de Derecho confiable para dirimir con equidad cualquier reclamo de justicia.
Sometido además el poder legislativo al control del Ejecutivo, se pierden los contrapesos requeridos por cualquier democracia mínima.
