Ciudad de México, México.– La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.
El dictamen destaca en sus transitorios que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.
Las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, y se otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
También se extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
El dictamen se aprobó en lo general por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 16 en contra y cero abstenciones. Se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.
El proyecto de decreto, aprobado en reunión semipresencial de la Comisión que preside el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política. Deriva de una iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 5 febrero de 2024, y consideró propuestas de diputadas y diputados vinculadas con la materia.
INAI
En la fracción VIII del apartado A del artículo 6 se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para indicar que “los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados”.
Agrega que “los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho”.
Las adecuaciones al artículo 41 constitucional plantean que el Instituto Nacional Electoral tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos en los términos que establezca la ley.
El artículo 123 establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los mismos.
Coneval
En el artículo 26 se deroga el apartado C relativo a la estructura y funciones del Coneval, y se reforma el apartado B para estipular que el Inegi “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de estas funciones”.
Cofece e IFT
El artículo 28 se reforma para suprimir las referencias a la Cofece y transferir sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia, “a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país”.
También se suprime la mención al IFT y se establece que su objeto y facultades las tendrá el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
De esta manera, el Ejecutivo Federal será la autoridad en materia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.
También fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones. Para garantizar la transparencia de las concesiones habrá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal.
Menciona que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión”.
Solamente en los casos en que se impongan multas, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.
Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución, y en ningún caso se admitirán recursos ordinarios contra actos intraprocesales.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
Se deroga la fracción IX del artículo 3°, relativa a la estructura, funciones y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos
En el artículo 28 se modifica el párrafo que indica que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, para quedar de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”.
Organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información
Se reforma el artículo 116, con lo cual se elimina la figura de los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
La redacción propuesta dice que las constituciones de los estados, en términos de la ley general, definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Austeridad republicana
En el artículo 134 se establece que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.
En el apartado de los artículos transitorios se destaca que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan.
Respecto a lo dispuesto en el artículo 134, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.
Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información.
Por otra parte, se modificó el artículo 41 para que el Comité Técnico de Evaluación para la elección de las y los consejeros electorales estará integrado por cinco personas (en lugar de siete), de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, en el artículo 123 se define que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el “Tribunal de Disciplina Judicial”.
En la fracción I del artículo 113, referente a la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia la referencia del “Consejo de la Judicatura Federal”, por la de “Tribunal de Disciplina Judicial”.
Intervenciones en pro y en contra del dictamen
La diputada Lidia García Anaya (Morena) manifestó su voto a favor del dictamen al señalar que transfiere facultades y obligaciones de los organismos constitucionales a dependencias del Gobierno Federal, a fin de eliminar gastos innecesarios, lujos y duplicidad de funciones. También, para evitar el despilfarro de recursos de la nación y redirigirlos al combate contra la desigualdad social. Además, busca mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia, economía, honradez y rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos.
En contra, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) dijo, respecto al INAI, que ahora el propio gobierno va a autodecidir si da la información pública solicitada o no y en caso de que sea de manera parcial o incompleta no habrá quién para obligar al ente público a entregarla. “Recordemos que fue, a través de la transparencia que se descubrieron los grandes fraudes y excesos de todos los gobiernos; sería regresar a la opacidad de antaño donde no había forma de saber en qué se gastaba y por qué”.
A favor, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) explicó que el objetivo principal de la reforma es transferir las facultades y obligaciones de diversos organismos constitucionales a las dependencias de la Administración Pública centralizada que corresponde, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y permitir ahorros presupuestales para redireccionarlos hacia quienes menos tienen y más lo necesitan.
Al manifestarse en contra, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) dijo que se trata de desaparecer organismos creados, no por concesiones, privilegios o dádivas, sino por una lucha histórica para garantizar la credibilidad de las instituciones, por lo que pidió hacer mejoras al texto, fortalecerlas y ampliarlas. Llamó a hacer una valoración profunda, porque es una regresión a cuando quien estaba en el poder decía qué era transparente.
Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) señaló que con el dictamen busca consolidar a un gobierno eficiente, que no dependa de órganos autónomos innecesarios que solo duplican funciones y derrochan recursos del pueblo. “Con la aprobación de esta reforma damos un paso hacia una Administración Pública moderna, nacional, austera, que elimine duplicidades y mejore la gestión de los recursos públicos”.
Del PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez indicó que, aunque la democracia en México es fuerte y sana, con los intentos de desaparecer los contrapesos que regulan al poder se cometería un terrible retroceso, ya que de los 11 organismos autónomos piensan desaparecer siete, pero hay que señalar que su razón de origen fue hacer precisamente un contrapeso. Señaló que no se habla en realidad de austeridad, sino de una cortina de humo para provocar la monopolización.
A su vez, el diputado de Morena, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que con esta reforma se resuelve el desmantelamiento del Estado que viene desde 1990; busca evitar la privatización del derecho público y la subordinación de México a intereses extranjeros, así como a estructuras burocráticas inoficiosas para destinar los 32 mil 313 millones de pesos, con que se han beneficiado los órganos autónomos, a los apoyos del bienestar.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) se pronunció en contra de la destrucción del Estado de derecho y las libertades. “Hablan de Estado de bienestar cuando no hay un sistema de salud eficiente, no ha crecido la formalidad, no hay un sistema educativo eficiente. Para eso sirven los órganos autónomos, para que se diga la verdad y ustedes están generando el supremo poder conservador, por eso van sobre estos órganos, porque no les gusta la crítica y la transparencia”.
A favor del dictamen, la diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa (Morena) consideró que el fondo de lo que se plantea no es acabar con la rendición de cuentas, pues ya existen los entes encargados de hacerlo, sino que las funciones de las diferentes estancias en el Estado cumplan su función, pero “no a ser comparsa ni complacencia”; además, es éste es un nuevo régimen que está al servicio de México.
En tanto, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) expresó que la reforma desaparece organismos que sirven a la nación y a la transparencia, pero que no convienen al gobierno. Indicó que esta desaparición disfrazada de simplificación orgánica, tendrá muchas repercusiones; por ello, pidió reflexionar para detener el intento de quebrantar las instituciones del país.
Al hablar a favor, el diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) aseguró que no se quebrantan instituciones; al contrario, se fortalecen y no hay desaparición de órganos autónomos en el sentido de que sus facultades y lo que ellos tendrían que haber hecho lo harán instituciones del gobierno y no solo del Poder Ejecutivo. “Nuestra bancada avala este paquete de reformas constitucionales y, en este sentido, las de materia de simplificación orgánica del Estado mexicano”
En contra, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) destacó que se pretende destruir el avance de tres décadas, ya que la creación de órganos autónomos no es una concesión, sino una lucha ganada por cada uno de los ciudadanos, como es el caso del INAI, pero el día de hoy se busca dar una estocada a un derecho consagrado en convenciones y tratados internacionales. “Quieren borrar de un plumazo la historia y los compromisos que el Estado mexicano tiene con el mundo”.
Discusión en lo particular
En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para modificar los artículos 6, 28, 41 y 123 y segundo, tercero y cuarto transitorios.
Hablaron, a favor de las modificaciones, la diputada Adriana Bustamante Castellanos; el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, y el diputado Irán Santiago Manuel, los tres de Morena. En contra, los diputados del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández y Miguel Humberto Rodarte De Lara, así como Braulio López Ochoa Mijares, de MC.
No fueron aceptadas las reservas de los diputados de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Braulio López Ochoa Mijares. Además, las presentadas por Cynthia Iliana López Castro, Carolina Viggiano Austria, Eduardo Zarzosa Sánchez, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Laura Lorena Haro Ramírez, todos del PRI. Tampoco las de René Figueroa Reyes, Paulina Rubio Fernández, Héctor Saúl Téllez Hernández; Santiago Torreblanca Engell; Miguel Humberto Rodarte De Lara, diputados todos del PAN, así como la de la diputada del PRD Edna Gisel Díaz Acevedo.
