Ciudad de México, México.– El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, que dirige Hasuba Villa Bedolla, organizó el segundo y último módulo del curso virtual “Implicaciones de los tratados internacionales en el proceso legislativo”, impartido por las investigadoras Alya Ramos Ramos Elorduy y Rocío Hernández Vite.
Al declarar su clausura, el director de Estudios de Constitucionalidad del CEDIP, Martín García Osorio, señaló que, durante los dos días de exposición, se tuvo la oportunidad de aprender sobre temas de gran relevancia y actualidad.Por ello, agradeció a los investigadores, científicos y académicos que participaron y compartieron sus perspectivas que serán de gran utilidad para el público en sus respectivas áreas de trabajo y al entendimiento de los tratados internacionales, en el marco legislativo mexicano.
En este sentido, García Osorio hizo un llamado al público en general a continuar participando en los próximos cursos y eventos que realiza la Cámara de Diputados, e inscribirse a la primera edición del Premio Nacional de Investigación Jurídica Legislativa, cuya convocatoria está publicada en las redes sociales del recinto legislativo.
“El debate científico sobre los riesgos a la salud y al medio ambiente por el uso de organismos genéticamente modificados y el glifosato”
Al exponer el tema, Alya Ramos Ramos Elorduy, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), señaló que en diciembre de 2020 el Gobierno Federal publicó un decreto relacionado con el maíz transgénico y el glifosato, para establecer medidas a fin de sustituir de manera gradual su uso, adquisición o importación.
Sin embargo, Estados Unidos manifestó su inconformidad bajo el argumento de que eran restrictivas y violatorias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y amenazó con demandar a México ante los organismos internacionales.
Indicó que, de acuerdo con estudios científicos realizados en 2004, no se encontró evidencia de que la ingesta de maíz genéticamente modificado cause daño al ser humano o al medio ambiente, por lo que se concluyó que se requiere de mayores estudios para determinar esta situación.
Se pronunció por que todos los sectores participen en el análisis del tema y que la industria alimenticia emprenda acciones, con la finalidad de que los productos genéticamente modificados se etiqueten y que sea el público el que decida si los consume o no.
“El derecho del Estado mexicano a regular el comercio exterior para la protección de los DESCA y alcanzar los objetivos legítimos de interés público”
Al hablar sobre este tema, la investigadora del CEDIP, Rocío Hernández Vite, manifestó que el análisis de la controversia entre México y Estados Unidos, es asimétrico.
Resaltó que estos tratados se suscriben bajo un esquema entre países desarrollados y países en desarrollo o económicamente dependientes, toda vez que necesitan tanto del capital económico y humano, como de la tecnología de las grandes naciones.
Indicó que el objetivo de estos acuerdos internacionales es garantizar el libre comercio de los productos de Estados Unidos, proteger su capital y propiedad intelectual, así como sus inversiones en el exterior.
Por ello, Hernández Vite destacó la importancia de que la Cámara de Diputados se incorpore al proceso de aprobación de tratados internacionales, pues no existe justificación para que esté afuera de este contexto, debido a que es el órgano representante de la nación y tiene interés legítimo en este tema.
