Ciudad de México, México.– La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que reforma el artículo 123 constitucional para establecer que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa por vejez.
Precisa que las personas trabajadoras con sesenta y cinco años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tendrán derecho a que su pensión por vejez sea igual al promedio de salario del último año de cotización, hasta por un monto equivalente al promedio registrado en el IMSS en los términos que establezca la ley.
La reforma, aprobada con 38 votos a favor, en lo general, y en lo particular con 31 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones, en los artículos transitorios establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Menciona que el salario a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 123 de la Constitución Política es de dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizado por la inflación estimada para el año 2024. Este monto se actualizará el 1° de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para ese año.
El Congreso de la Unión, argumenta, deberá reformar las leyes correspondientes para adecuarlas al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de noventa días naturales a partir de su entrada en vigor. Además, determina derogar todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto.
En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para agregar vejez, considerar el salario del último año de cotización, así como modificar y derogar transitorios que hacían referencia al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que las instituciones de seguridad social del Gobierno Federal, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberían hacer las adecuaciones reglamentarias.
Explicó que la reserva busca adicionar el concepto por vejez para que no sólo sea una pensión justa, sino que sea considerada un beneficio social por llegar a una etapa diferente de la vida.
Respecto a los transitorios, detalló que el primero ha quedado sin materia, toda vez que el Fondo de Pensiones está vigente desde el 1 de junio de 2024, así como la eliminación de los relativos a la financiación, donde se definía que esa dependía del cambio de naturaleza jurídica de algunos órganos autónomos o desconcentrados. También ha sido rebasado al existir una legislación secundaria aprobada por el Pleno desde el mes de abril.
Para hablar en favor y contra de esta reserva, intervinieron los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) e Ismael Brito Mazariegos (Morena).
Los diputados Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) y Santiago Torreblanca Engell (PAN) presentaron propuestas de reservas, las cuales no se admitieron a discusión.
El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal y diversas propuestas de diputadas y diputados, se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para sus efectos legales.
Participación de diputadas y diputados
La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena) señaló que esta reforma consiste en elevar a rango constitucional que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión por vejez justa y que en este primer momento es quienes empezaron a cotizar a partir del 1º de julio de 1997 en el IMSS y los que se han visto afectados por cuentas individuales en el ISSSTE. “Claro que tenemos muchas más cosas por reformar en esta materia, pero empecemos aprobando esta reforma para que las personas tengan una pensión justa”.
Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, cuestionó quién puede estar en contra de que haya una pensión digna, justa y garantizada para miles de trabajadores y Acción Nacional jamás va a regatear el apoyo a las y a los trabajadores; sin embargo, afirmó, hay claroscuros en la iniciativa, ya que el tema esencial está en los mecanismos de financiamiento que tendrá el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues algunas de las fuentes serán remanentes de los fondos del Poder Judicial de la Federación, los recursos de los órganos autónomos y las empresas que administra el Ejército.
La diputada del PRI, Laura Lorena Haro Ramírez, celebró esta reforma, pero pidió ir más allá y establecer que la pensión a adultos mayores sea a partir de los 60 años y que se analicen detenidamente los transitorios, ya que ahí puede estar “el dardo envenenado”, porque estos hablan de que los recursos se obtendrán con la eliminación de los órganos autónomos, reguladores, descentralizados, desconcentrados y unidades administrativas, entre otras.
Por el PVEM, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt dijo que se deben hacer los cambios necesarios para que los trabajadores puedan acceder a una pensión digna al momento de retirarse equivalente al 100 por ciento de su último salario. “Se trata de contar con recursos que complementen el monto de las pensiones que se otorgarán a los trabajadores que cotizan a partir de 1997 y que hoy no tienen las condiciones de recibir una que les permita satisfacer sus necesidades más básicas”.
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de MC, respaldó propuestas que buscan ampliar beneficios para la población y para tener mayor pensión, justa y digna; sin embargo, aclaró, es recomendable considerar los 130 modelos de pensiones que existen en el país y la reforma debió haber tratado de cerrar la brecha entre los que menos perciben en su pensión y los que más perciben, pues el Estado tiene una incidencia directa. “Reconocemos que es un avance”.
