Ciudad de México, México.– Con la reforma constitucional en materia de justicia está en juego el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita para millones de personas. Empero, como está planteada la iniciativa, no se garantiza la independencia de los futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalaron académicos de la Universidad Nacional.
En la Mesa Uno Integración de la SCJN, que forma parte de los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, organizados por esta casa de estudios, el investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Pedro Salazar Ugarte, afirmó: en México la propuesta más ambiciosa en ese ámbito “empieza por lo local y por encontrar los mecanismos a través de los cuales podemos fortalecer los tribunales, que son a los que más acuden los ciudadanos y que nos ayudarían a entender dónde se ubica la mayor insatisfacción y desafección de la gente con la justicia”.
Sus integrantes deben ser expertos en derecho, personas honorables, autónomas y, sobre todo, independientes de intereses políticos y económicos, de los poderes ilegales o ilegítimos. La pluralidad y la diversidad sociales deben mostrarse en la composición de una corte constitucional, es decir, debe existir apertura a la diversidad de voces y visiones.
A su vez, la profesora de la Facultad de Derecho (FD), Eugenia Paola Carmona Díaz de León, indicó que la integración de la SCJN y, en general el modelo propuesto, deben ser reformulados. De aprobarse, acotó, la justicia será más parcial, lejana, sesgada y subordinada a intereses políticos. Como está planteada, no garantiza la independencia de los futuros ministros.
Ante la moderada de la mesa de trabajo, Mónica González Contró, directora del IIJ, Imer Flores Mendoza, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la FD, señaló que se debe garantizar una verdadera independencia del Poder Judicial. Empero, con la iniciativa eso no ocurre, incluso se compromete aún más; “elegir al conjunto de jueces y magistrados me parece un despropósito”.
El problema no es en sí la elección, sino la selección de las candidaturas, porque el procedimiento tal y como está previsto no garantiza un perfil imparcial e independiente; podrían ser capturadas por otros poderes públicos y privados, fácticos, y quedarían sujetas a promesas de campaña, a compromisos partidistas, alertó.
En opinión del también académico del IIJ, Jaime Cárdenas Gracia, es inminente su aprobación; sin embargo, la deliberación académica debe continuar. Es extraordinario que en México se considere contar con un Poder Judicial más cercano a las mayorías y que sean los ciudadanos quienes elijan a los representantes de ese poder.
“El tema central, además de la elección por voto ciudadano de ministros, magistrados y jueces, es el del tribunal de disciplina judicial, esa institución que se propone será determinante para garantizar la independencia e imparcialidad judicial”, dijo.
En el auditorio Alfonso Caso, en Ciudad Universitaria, la profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, María de los Ángeles Rojano Zavalza, recalcó que el perfil profesional para las personas juzgadoras debe ser eficiente y eficaz, sin intereses de partidos políticos, conocer las normas jurídicas, su interpretación y hacer un análisis de los casos precedentes de manera correcta y justificada. Requieren carrera judicial, porque “no es posible que traigamos personas que nunca han dictado una resolución”.
Para la profesora de la FES Aragón, Gabriela Limón García, este proyecto está en construcción y aún falta mucho por hacer, los retos son, entre ellos, fortalecer los sistemas judiciales de cada una de las entidades federativas, mientras que el derecho penal también debe ser un sistema judicial integral y considerar fiscalías, policías y el sistema penitenciario.
También faltaría resolver el diseño del mecanismo para la elección popular y la creación de controles, a fin de no recibir recursos públicos ni privados para las campañas de quienes deseen contender en la elección de ministros, magistrados y jueces.
Asimismo, Isidro Mendoza García, profesor de la FES Aragón, la elección de los integrantes de la Suprema Corte mediante el voto popular puede introducir cuestionamientos, como la politización del Poder Judicial: que estén más centrados en las cuestiones políticas que en las de decisión técnico-jurídicas trascendentales para el país; o estar sometidos a la presión política en la toma de decisiones, etcétera.
“Si se quiere un contacto con los diferentes sectores de la sociedad, ¿por qué seguimos centrando la facultad de proponer candidatos en el concepto clásico de los tres poderes, y no se abre a la academia y asociaciones, donde se podrían hacer propuestas de candidatos?, cuestionó.
Celso Escobar Salinas, profesor de la FES Acatlán, opinó que la modernización del Estado mexicano requiere la transformación de la sociedad cuya naturaleza e intensidad de sus requerimientos hacia el aparato político se han modificado, “y la permanencia intolerable de rezagos surgidos de factores ancestrales que se han agravado en los últimos tiempos, como ocurre con el tema de la impartición de justicia”.
Sin embargo, alertó, hay que ser prudentes puesto que si el Poder Judicial queda supeditado al Ejecutivo, como ocurrió en épocas pasadas, “estaríamos ante un sistema autoritario que violentaría los derechos humanos y los principios esenciales de la democracia, como lo demuestran experiencia de estados contemporáneos de América Latina como Chile, Venezuela y Bolivia”.
Más adelante, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Elisa Speckman Guerra, sostuvo que se debe tener en cuenta a la historia para el diseño de políticas y reformas legislativas. Las preocupaciones constitucionales y legislativas dependen de momentos previos, como fue la reacción de la Revolución al Porfiriato.
