Magistradas y magistrados estatales, CJF, legisladores y especialistas analizan situación de los tribunales de justicia local

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Puebla, México.– Magistradas y magistrados de los poderes judiciales de diversos estados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), senadora electa, senador en funciones, especialistas y consultora compartieron posturas sobre el tema “Tribunales de justicia local”, en el marco del sexto foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, organizados por la Cámara de Diputados.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena), al moderar el encuentro realizado en Puebla, indicó que ocho de cada diez asuntos del fuero común se resuelven o inician en los tribunales locales y actualmente se están incluyendo y contemplando resoluciones con perspectiva de género, “lo cual era un gran pendiente, dada la importancia y relevancia de los tribunales locales”.  

Que los nombramientos previos a la reforma no sean renovados

El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y del Poder Judicial de la Ciudad de México, expresó que estos diálogos nacionales han resultado un éxito, pues hay coincidencia en la necesidad de reformar al Poder Judicial para responder a las circunstancias actuales de la sociedad y del pueblo que aspira a una Judicatura moderna, gratuita, sensible, austera y que resuelva los conflictos con base en la ley. “La Conatrib se suma a las coincidencias”.

Mencionó que hoy los protagonistas son las causas de la justicia a las que acuden familiares, amigos y vecinos cuando buscan dirimir sus conflictos, pues en los poderes judiciales locales se atiende más del 70 por ciento de los problemas legales del país. 

Por ello, dijo, se propone que en la justicia local la elección por voto popular sea gradual, que la mitad de las ternas en cada elección se integre exclusivamente por mujeres, el 50 por ciento de las personas cuenten con carrera judicial, sean votadas y capacitadas previo al cargo, así como el reconocimiento legal de garantía de certeza y seguridad. 

También se debe garantizar en la Constitución que las personas juzgadoras, magistradas y juezas del fuero común que hayan sido nombradas previo a la entrada en vigor de la reforma no puedan ser renovadas o removidas del cargo ni su plaza sea sujeta a elección hasta su jubilación, renuncia, muerte o cualquier causa de separación legal o definitiva, para garantizar sus derechos humanos adquiridos. “La responsabilidad histórica nos ha alcanzado, y en adelante la justicia no puede ser impartida como hasta ahora”. 

Necesario, implementar tribunales de disciplina

La presidenta del Poder Judicial de Hidalgo, Rebeca Stella Aladro Echeverría, comentó que la reforma plantea un paso significativo hacia la consolidación de un Poder Judicial íntegro, transparente y respaldado por las y los justiciables, pues les coloca en el centro para la efectiva protección de los derechos humanos.

Añadió que la implementación de los tribunales de disciplina es una medida necesaria y urgente para lograr el fortalecimiento de la democracia y el respeto al Estado de derecho, así como una impartición de justicia completa, imparcial, eficiente y de calidad, lo cual implica garantizar independencia, transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial, desde una visión federalista.

Se debe incluir el análisis de las fiscalías y cuerpos policiacos

José Faustino Arango Escámez, magistrado de circuito y visitador Judicial “A” del Consejo de la Judicatura Federal, consideró que se debe incluir un análisis de las fiscalías y los cuerpos policiacos aun cuando sean dependientes de los poderes ejecutivos, pues son los antecedentes inmediatos de lo que recibe la justicia local y el punto de partida en los casos de seguridad pública y en la materia penal, que es la que más lacera a la sociedad y en donde existe un mayor reclamo social.

Mencionó que el primer contacto de la justicia con la ciudadanía inicia en los juzgados y tribunales locales, y mencionó que la elección popular de juzgadores no solucionará las problemáticas existentes en ninguno de sus niveles; por el contrario, afectará la calidad de la justicia e independencia. “No estamos cerrados a reformarnos como institución, siempre debemos mejorar y autocriticarnos, adaptarnos a los cambios sociales, solo veamos las formas, el cómo y el porqué de esta reforma”.

Norma a la altura de las necesidades del país

El magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Puebla, Humberto Arróniz Meza, hizo notar que el Estado mexicano requiere de un Poder Judicial moderno, dinámico, sensible, profesional y autónomo, alejado de influencias ajenas a las de la propia función jurisdiccional, sin sucumbir a presiones exógenas de ningún tipo que lo llevan a desviar el rumbo de la justicia. Hay coincidencias, afirmó, pero se deben fortalecer los poderes judiciales locales dotándolos de más recursos, y tomar en cuenta la profesionalización y la carrera judicial.

Añadió que de nada serviría una reforma judicial profunda si no va acompañada de manera integral con modificaciones paralelas al sistema de procuración de justicia y de una mayor y legitima participación ciudadana y del resto de los operadores jurídicos y auxiliares de la administración de justicia. “Se requiere una reforma que enriquezca la función jurisdiccional en beneficio de la colectividad. Solicitamos al Poder Legislativo arribar a consensos que den lugar a una norma a la altura de las necesidades del país”. 

Personas electas deben recibir capacitación

Raúl Juan Mendoza Unzón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California Sur, destacó que cualquier reforma en la materia es plausible y digna de análisis, de ahí que sugirió establecer un esquema de gradualidad para el relevo de personas magistradas y jueces en activo y que la experiencia profesional que se exija a quienes se postulen para ser electas verse sobre áreas afines a la función jurisdiccional o en el litigio en ese ámbito. 

En el caso de las personas que postulen los poderes judiciales locales, planteó atender la carrera judicial, procurando que cuenten con experiencia y trayectoria. Hizo votos para prever normativamente que las personas que resulten electas para ocupar los cargos reciban de manera obligatoria una capacitación especializada e intensiva, especialmente si carecen de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. “Hoy apartamos elementos para instrumentar de la mejor manera la reforma judicial en el ámbito local”. 

Carrera judicial es importante 

Sabela Patricia Asiain Hernández, titular del Juzgado Décimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, de Chihuahua, mencionó que la impartición de justicia tiene que estar especializada, ser profesional y no estar en manos de personas que no tienen preparación suficiente. Opinó que la carrera judicial resulta trascendental como pieza a tomarse en consideración dentro de las personas que puedan ser elegibles para ocupar la titularidad de un juzgado.

Añadió que otro punto importante es el tribunal especializado para que juzgue las actuaciones susceptibles de responsabilidad administrativa o el fallo, porque los fallos son una muestra de autonomía e independencia que nos caracteriza en la función judicial. “De ahí que es necesario que no exista juez y parte para las responsabilidades administrativas, pero también cómo se van a seleccionar y qué es lo que se va a analizar”.

La reforma es fundamental para fortalecer la justicia en México

La jueza del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez, señaló que una reforma integral es fundamental para fortalecer la justicia en México, y debe asegurar que las instituciones trabajen de manera coordinada, transparente y eficiente, a fin de que se respeten los derechos humanos de las personas involucradas en el sistema de justicia. 

Se busca, indicó, que la función jurisdiccional regrese la confianza a los ciudadanos de que acudirán a un tribunal imparcial, completamente apegado al principio de legalidad y que tendrán la seguridad jurídica de que el juzgador no se apartará de lo que señala la ley, y a la par establecer un órgano encargado de la disciplina y vigilancia de todos los servidores públicos.

Garantizar presupuestos suficientes a poderes judiciales

Susana Gabriela Camacho Maciel, consultora de México Evalúa, estimó que la reforma debe tener una visión sistémica y distinguir entre los problemas y deficiencias del Poder Judicial federal y los que enfrentan los estatales. Además, tener un enfoque en las personas y atender la opinión de quienes los conforman y de los usuarios del sistema.

Propuso retomar la implementación de la justicia cívica, introducir jurados para que la sociedad participe, separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales y garantizar presupuestos suficientes para los poderes judiciales estatales. Asimismo, fortalecer la justicia estatal, un sistema anticorrupción efectivo, el proceso de designación de personas juezas y magistradas, y la organización de los concursos de oposición.

Reforma al Poder Judicial, un paso para tener acceso a la justicia

Ernestina Godoy Ramos, senadora electa, indicó que el tema de los tribunales locales es importante porque es el primer espacio y contacto que tiene la ciudadanía. Asimismo, indicó que la reforma al Poder Judicial es un primer paso para el sistema de acceso a la justicia y que en materia penal el tema de las policías, de las fiscalías, procuradurías e incluso el sistema penitenciario, será una cuestión integral. 

Agregó que la reforma al Poder Judicial no solo es necesaria, sino exigible desde el propio concepto y alcance de lo que los abogados y juristas conocemos como Estado de derecho. “La ruta de transformación que se propone para esta reforma no es arbitraria; responde por una parte a las exigencias sociales de los sectores que perciben como ajeno el derecho al acceso a la justicia y, por la otra, es congruente constitucionalmente”.

Respetar derechos laborales

El senador del PVEM, Eruviel Ávila Villegas, afirmó que el tema del sexto foro se relaciona con el federalismo, y como exgobernador del Estado de México pudo conocer de cerca al Poder Judicial local, las historias de mujeres y hombres que empezaron como abogados pasantes, actuarios, magistrados y entregaron su vida al Poder Judicial, y vio áreas de oportunidad, y estos diálogos ayudarán a tener más argumentaciones a considerar en el dictamen.

Resaltó que la elección popular para juzgadores locales va, así como la separación de la Judicatura con la impartición de justicia. “Si bien el pueblo nos mandató continuar con la transformación, la reforma al Poder Judicial tiene que ver con ello; es importante que en su momento se hable de presupuesto y del impacto presupuestal que tendrá esta gran reforma, independientemente de lo que costará el proceso electoral; me refiero a profesionalizarlos y respetar los derechos laborales de los impartidores de justicia y de los trabajadores”.