Ciudad de México, México.– La Federación y los estados contarán con servicios periciales autónomos, independientes y profesionales, que proporcionarán datos científicos al Ministerio Público para el desarrollo de sus investigaciones, pretende la diputada perredista, Gabriela Sodi que impulsa reformar el artículo 21 de la Constitución Política.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, también plantea modificar la fracción XXIII del artículo 73 de la Carta Magna, para facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación general que regule a los servicios periciales.
La iniciativa tiene como finalidad que la ciudadanía cuente con un órgano forense de servicios periciales gratuitos de primer nivel, integrado por especialistas altamente capacitados y que los propios peritos tengan la posibilidad de prepararse más, mejorar su trabajo y sus condiciones laborales.
Además, responde a las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre la necesidad de contar con este tipo de servicios autónomos que fortalezcan el sistema de justicia y el respeto a los derechos humanos en México.
En su argumentación, la diputada Sodi explica que la autonomía de los servicios periciales tiene por objeto dotar al Estado, particularmente a las fiscalías, de elementos científicos que les permitan arribar a conclusiones inequívocas y confiables, relativas a las condiciones y desarrollo de la comisión de los delitos.
En muchos casos, señala, la falta de profesionalismo de los peritos, la corrupción o presión política no han permitido el derecho de acceso a la justicia del que deben gozar todas y todos los habitantes en el territorio nacional.
Actualmente, apunta, los servicios forenses y periciales se encuentran supeditados a la acción de los agentes del Ministerio Público “y ni sus actuaciones ni sus conclusiones derivan de lo que observan científicamente, sino de lo que les indican estos agentes, que no atienden a la integración de equipos periciales multidisciplinarios que permitan la realización de un trabajo más profesional durante las investigaciones ministeriales”.
Precisa que, al estar sujetos a las fiscalías, los servicios periciales y forenses sufren de capacidad técnica por falta de profesionalización de los agentes, ausencia de un salario digno, carencia de habilidades en las distintas áreas forenses y menosprecio institucional de su actividad.
Por ello, afirma que es necesario generar las condiciones indispensables para que los peritos y forenses puedan profesionalizarse, capacitarse y que sus condiciones laborales respondan a las exigencias de las y los ciudadanos.
