Ciudad de México, México.– La Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que preside el senador Navor Alberto Rojas Mancera (Morena), se declaró en sesión permanente para realizar, en dos grupos, las comparecencias de las 28 personas designadas por el Ejecutivo Federal para ocupar las magistraturas vacantes de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativas (TFJA).Luego de las comparecencias, el senador Rojas Mancera informó que a través de los medios institucionales se indicará la fecha en la que se reanudará dicha sesión, con la finalidad de informar los resultados y desahogar el orden del día.
Grupo 1
La diputada Adriana Bustamante Castellanos y los senadores Navor Alberto Rojas Mancera y Rogelio Israel Zamora Guzmán, todos de Morena, y vía remota el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (PT) cuestionaron a los primeros 14 aspirantes.
Las personas comparecientes de este grupo fueron: Alejandra Martínez Martínez, Alejandro Paul Hernández Naranjo, Ana María Reyna Ángel, Beatriz Salgado Hernández, Berenice Martínez Mejía, Bricio Fernando Nava Aguilar, Claudia Elizabeth Cruz Martínez, Diana Berenice Hernández Vera, Federico Escutia Kobe, Graciela Vázquez Arellano, Guillermo Gabino Vázquez Robles, Jazmín Aquino Cruz, Juan José de la Garza Báez y Lawrence Salomé Flores Ayvar.
Las preguntas de los legisladores versaron principalmente sobre ¿cómo abatir el rezago y las controversias con las que cuentan actualmente las diferentes salas del Tribunal? ¿En materia ambiental, con qué herramientas se cuenta para hacerle frente al cambio climático y los desastres naturales, y de qué manera se aplicarían?
De igual forma, ¿cuáles son los requisitos con los que debe contar el justiciable, para que las salas regionales del Tribunal resuelvan sobre la inaplicación de una norma? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que se identifican en el TFJA y cuál sería la pieza clave para solucionar esas necesidades?
Los legisladores interrogaron también respecto al juicio de lesividad y cómo puede ser utilizado para combatir la corrupción cuando afecte a un bien común. Con base en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ¿qué tipo de asuntos son del conocimiento del Tribunal y cuáles podrían ser sujetos de mediación y en su caso adquirir el carácter de cosa juzgada?
También, solicitaron respuesta de los contendientes si con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se puede garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia pronta y expedita.
Los comparecientes expusieron su experiencia y algunas de sus propuestas para mejorar el servicio dentro de las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativas, entre las que se encuentra el compromiso de abatir el rezago existente que, afirmaron, está sujeto a las nuevas tecnologías y las medidas alternativas de impartición de justicia.
Se pronunciaron por conducirse con una estricta vocación de servicio en bien de la ciudadanía y en respeto al marco legal de la autoridad administrativa, a fin de lograr una impartición de justicia pronta y expedita. Precisaron que, en el combate a la corrupción, es necesario conducir primeramente con valores, pero en coordinación con todas las instituciones públicas.
Señalaron que la impartición de justicia es uno de los engranajes fundamentales de la democracia en el país y un contenedor de paz social, ya que sienta las bases del equilibrio que debe existir entre los derechos humanos de las personas, por resoluciones ilícitas y no justificadas de los gobernantes y por el interés público del Estado.
En este orden, estimaron que el TFJA no debe escatimar esfuerzos para contribuir a una justicia efectiva, cercana a quienes sirve y administran la justicia.
Grupo 2
Las personas comparecientes fueron: Lidia Margarita Roblero Hernández, Luisa Andrea López Ramírez, Manuel Eduardo Mendoza Jiménez, Marco Antonio Escobar Cuapio, María Gabriela Olguín Arellano, María Juana López Briones, María Orley Ortiz Ley, Miguel Ángel Chico Herrera, Pedro Zavala Pérez, Rodolfo Martínez Dagnino, Rosalía Álvarez Salazar, Samuel Mithzael Chávez Marroquín, Susana Mercado Alvarado y César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
Las y los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Permanente las cuestionaron sobre derechos humanos, mejoras que podrían hacerse desde el Legislativo y su vocación de servicio.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) preguntó cómo es el procedimiento por el que las y los aspirantes imparten la justicia en defensa a los ciudadanos frente actos de autoridad, pero siempre revisando su legalidad y constitucionalidad y cuál sería la decisión que tomarían donde hubiera una disyuntiva entre la Constitución y un tratado internacional.
La senadora del PVEM, Graciela Gaitán Díaz, pidió conocer el procedimiento de las salas regionales para hacer cumplir sus sentencias, así como saber si el plazo de 45 días para conceder resoluciones en la materia es suficientes o excesivo; además, qué elementos debe acreditar el actor al concurrir un juicio en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
La diputada Marisol García Segura (Morena) preguntó si las personas morales pueden ser titulares de derechos humanos, cómo garantizarían que su labor jurisdiccional observará los principios de legalidad, imparcialidad, respeto a los derechos humanos, certeza, honestidad y transparencia.
La senadora Imelda Castro Castro (Morena) interrogó por qué se consideran idóneos para ocupar los cargos de magistrados de este Tribunal.
La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena) cuestionó sobre cuál es el papel que desempeña el TFJA en el sistema anticorrupción, en qué consisten el procedimiento de tipicidad en el procedimiento administrativo sancionador y el control difuso, así como el parámetro para su aplicación en materia administrativa.
El senador José Narro Céspedes (Morena) pidió conocer las propuestas y qué modificaciones se tienen que hacer para que este Tribunal mejore su acción pronta y expedita en la materia, además de ayudar en el combate a la corrupción.
Por su parte, las y los aspirantes consideraron que se requiere que haya más mujeres incorporadas a la impartición de justicia; además, que todos los fallos deben ser emitidos con apego a la legalidad, sin considerar el interés privado sobre el público o viceversa.
Consideraron adecuado el plazo de 45 días para emitir un fallo y resaltaron el papel de TFJA en el sistema de anticorrupción, pues se encargan de establecer las sanciones a servidoras o servidores públicos por la comisión de faltas graves.
Aseguraron que como juzgadores realizarán un estudio minucioso de los argumentos, así como las pruebas que cada una de las partes aporten. Sobre el control difuso refirieron que se requiere establecer una metodología para que el procedimiento se agilice y no se incumpla con las demandas.
Recordaron a las y los legisladores de la Primera Comisión de la Permanente que todo acto administrativo que realice este Tribunal debe estar fundado y motivado, como lo señala el artículo 16 de la Constitución.
