Ciudad de México, México.—A fin de que en caso de cancelación de programas y proyectos registrados en la cartera de inversión las dependencias y entidades presenten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una evaluación económica que incluya los motivos, el diputado emecista, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presentó una iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, la cuantificación de las implicaciones económicas y financieras que se generarían por motivo de su cancelación, con el fin de determinar si es viable cancelar el proyecto, así como el costo para el Estado, realizar el seguimiento del proceso de cancelación y vigilar que su costo no se incremente.
En la exposición de motivos señala que la importancia de regular el proceso de cancelación de obras públicas radica en la posibilidad y capacidad para promover una gestión transparente y responsable de los recursos del Estado.
Al establecer normativas claras, se asegura que cada decisión sea tomada con transparencia y que se rindan cuentas ante la sociedad y las autoridades pertinentes. Esto no solo previene posibles actos de corrupción y desvíos de fondos públicos, sino que también fortalece la confianza de la comunidad en la integridad de las instituciones gubernamentales, agrega.
Destaca que las obras públicas suelen involucrar grandes sumas de dinero provenientes de los impuestos de los ciudadanos, por lo que regular el proceso de cancelación asegura que estas inversiones se utilicen de manera efectiva para beneficio público. Si una obra no cumple con su propósito o no es viable, cancelarla protege los intereses y recursos de la comunidad.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, advierte que desde el punto de vista legislativo existe una carencia en nuestras leyes en materia de ejecución de proyectos y obras de infraestructura, que es la falta de un marco legal que gobierne la cancelación de proyectos.
Enfatiza que un marco normativo para la cancelación de programas y proyectos de inversión abonaría de forma importante no sólo a evitar irregularidades en dichos procesos, sino también a mitigar la afectación a la nación y a la sociedad.
