Ciudad de México, México.– En la sesión semipresencial de este miércoles, diputadas y diputados aprobaron, por 446 votos a favor, el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones del artículo 3º de la Ley de Migración, en materia de lenguaje incluyente.
El texto, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, modifica la figura de “extranjero” por la de “persona extranjera”, la de “mexicano” por “persona mexicana” y la de “migrante” por “persona migrante”.
Añade que, con ello, se define a quienes poseen la condición de persona extranjera, persona mexicana y persona migrante en términos de lenguaje incluyente, anteponiendo su calidad de personas sobre su situación migratoria en busca del reconocimiento total de sus derechos humanos.
Menciona que con independencia de la regulación específica que la legislación contiene en materia de migración, indudablemente toda reforma legal debe guardar una exacta adecuación y concordancia con el texto constitucional, de modo tal que los mismos principios, lineamientos y directrices que en éste se encuentran detallados sean introducidos en cada uno de los ordenamientos respecto de los cuales tengan aplicación.
Eliminar actos discriminatorios y desigualdad
La diputada Alma Griselda Valencia Medina (Morena) expresó que la minuta fortalece las acciones para la construcción de una sociedad más igualitaria, ya que las modificaciones incorporan el uso de lenguaje incluyente a fin de eliminar un posible trato discriminatorio en razón de género o de orientación sexual de las personas.
El uso del lenguaje incluyente en la Ley de Migración, afirmó, pretende eliminar actos discriminatorios y la desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes, así como visibilizar que los flujos migratorios se han ido diversificando y que tanto hombres como mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la diversidad sexual, por diferentes motivaciones han decido salir de su lugar de origen.
Precisó que el uso del lenguaje incluyente coadyuva a cerrar las brechas de desigualdad que se han profundizado al emplear expresiones que perpetúan patrones de comportamiento que asocian a las personas con sus características físicas, biológicas y su condición social, generando actos discriminatorios, xenofóbicos, racistas y de intolerancia, que en la mayoría de los casos culminan en violencia ejercida en contra de las personas pertenecientes a ciertos grupos sociales.
Ante el incremento de los flujos migratorios, expuso, es importante contar con un ordenamiento que en su redacción permita que no se tengan actos discriminatorios o sexistas. El uso de un lenguaje incluyente contribuye a visibilizar la diversidad de la sociedad y el respeto, y su promoción es un área de oportunidad para transformar a la sociedad y derrumbar estereotipos y roles asignados histórica y culturalmente a hombres y mujeres, así como romper con juicios de valor que han excluido a diversos grupos poblacionales.
En la discusión en lo particular, la diputada Susana Prieto Terrazas presentó modificación a la fracción XXIII del mencionado artículo, para ampliar el concepto de persona migrante, al establecer que sería la “persona que sale, transita o llega al territorio de una entidad federativa distinta a la de su residencia habitual, en el República Mexicana o de un Estado extranjero, por cualquier tipo de motivación”, misma que no fue aceptada y se desechó.