Ciudad de México, México.– Las reformas propuestas por el Gobierno de la Ciudad de México y aprobadas recientemente por el Congreso local, tipifican como delito la corrupción inmobiliaria y para regulan el hospedaje por aplicación, que coadyuvarán a poner un freno a servidores públicos que autoricen pisos adicionales de vivienda a cambio de intereses propios, así como al fenómeno de gentrificación, dijo el jefe de gobierno, Martí Batres. En cuanto a la iniciativa de regular el hospedaje por aplicación, el mandatario capitalino precisó que esta fue consensuada con vecinos, principalmente de las colonias Condesa, Roma e Hipódromo Condesa, así como con el sector hotelero y representantes de Airbnb.
“Se consensuó con todos ellos y se enviaron al Congreso el conjunto de las conclusiones, ya las aprobaron, qué bueno que las aprobaron, qué bueno que aprobaron la iniciativa que enviamos desde el Gobierno de la Ciudad de México porque, además, no solo es una elaboración técnica legislativa completa, sino que, además, lo más importante es que lleva un procesamiento entre los diversos interesados en este tema. Pero lo más importante de todo, para mi, lo más importante es que responde a una demanda vecinal, una demanda ciudadana, que nos ayuda a ponerle ciertos límites a los procesos de gentrificación”, dijo.
Explicó que, aunque dicho fenómeno se concentra en unas colonias, en este momento se puede regular y contribuir a que no crezca.
“Son de esos fenómenos que crecen, y en su momento no se puso un límite; entonces, ¿pueden existir estas aplicaciones? Sí. ¿Pueden existir este tipo de hospedajes? Sí, pero con límites, con reglas y con armonía en las colonias y sin que se den los fenómenos de gentrificación. Nos va a ayudar esta legislación que se acaba de aprobar”, agregó.
En cuanto al tema de corrupción inmobiliaria, destacó que esta permitirá sancionar a servidores públicos que incurrieron en estos actos, como el caso de exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, quienes podrán ser vinculados a proceso por el mal uso de facultades para autorizar construcciones irregulares y obtener beneficios personales.
“Aquí no solo es el enriquecimiento ilícito, sino también es el uso de las atribuciones para favorecer los intereses de los funcionarios. Entonces, se buscó un tipo que correspondiera a la conducta que llevaron a cabo estos servidores públicos y que no son los únicos casos. El objetivo es ponerle freno a quienes desde el gobierno de las alcaldías, que son los que dan los permisos, piden dinero, piden departamentos, a cambio de autorizar niveles adicionales a los que están permitidos”, advirtió.
