Ciudad de México, México.– El diputado federal panista, Luis Mendoza, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados para elevar penas de prisión a quienes vulneren los datos personales con dolo; cuando se trate de servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, se impondrán cinco años de prisión, así como la destitución e inhabilitación del cargo.
La iniciativa de Ley que propone Mendoza plantea modificaciones a los artículos 67 y 68 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el artículo 167 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este último hace referencia a los servidores públicos que tengan bajo su resguardo los datos personales de terceros.
Se plantea que el Artículo 167 incluya explícitamente al Presidente de la República, en caso de que actúe como infractor de la ley el INAI o el organismo garante de Protección de Datos Personales deberá remitir a la autoridad la denuncia correspondiente y el expediente con todos los elementos que sustenten la responsabilidad administrativa.
“En caso de encontrarse responsable por la violación de datos personales y datos sensibles de terceros, al difundir dolosamente nombre, domicilio, número telefónico, firma, fotografía, estado de salud, etnia, creencias religiosas, preferencias sexuales, entre otras, en medios digitales, visuales e impresos, además de asumir la responsabilidad administrativa a que haya lugar, se impondrán cinco años de prisión, así como la destitución e inhabilitación del cargo”, señala la propuesta.
El legislador panista destacó que recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 22 de febrero, leyó en voz alta el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff corresponsal del medio New York Times, quien estuvo al frente de un reportaje el cual revelaba presuntos nexos de López Obrador y gente cercana a él con cárteles de la droga y la recepción de millones de dólares, para financiar su campaña en 2018 a cambio de ciertos favores.
“Los funcionarios públicos tenemos la obligación de cuidar y proteger los datos personales de otras personas, lo que hizo López Obrador de difundir el teléfono de la periodista es un acto totalmente irresponsable, puso en riesgo su seguridad porque el número telefónico rápidamente se viralizó por internet, dejando vulnerable a la periodista y poniéndola en la mira de algún grupo delincuencial”.
Mendoza afirmó que en México los periodistas han sido víctimas de diversos flagelos, desde 2006 al menos 128 periodistas han sido asesinados en nuestro país, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas y lamentablemente vivimos en uno de los países más peligrosos para ejercer esa profesión.
