Ciudad de México, México.– Los derechos laborales permiten ensanchar la democracia, y hoy enfrentamos un desafío civilizatorio que es combatir la desigualdad, la pobreza laboral y las múltiples formas de la precariedad que impiden vivir con dignidad a los trabajadores, y avanzar hacia la igualdad, señaló la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez.
Al participar en el conversatorio Derechos humanos laborales ante un mundo en transformación, dijo que ganar esas garantías permite acometer la desigualdad en los países. “No puede ser que tengamos personas incorporadas al mundo del trabajo, pero que carecen de los derechos de ciudadanía. Y eso está pasando en el siglo XXI”.
En el acto, organizado por la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional, presidido por el director de esta entidad académica, Raúl Contreras Bustamante, la funcionaria resaltó que el empleo, por muchas transformaciones que sufra, no es una mercancía.
En el mundo laboral se requieren cambios. En el proceso de hacer el modelo productivo “absolutamente ecológico”, los empleados no pueden quedar excluidos, expuso ante el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, durante la sesión moderada por el presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la FD, Enrique Larios Díaz.
Además, refirió, ha de ser feminizado y tener relaciones laborales igualitarias en el ámbito primario, con idénticas prerrogativas e iguales retribuciones, y tener una mirada diferente, con la aportación del feminismo.
En la actualidad, el ámbito laboral tiene una mirada profundamente masculinizada y eso debe modificarse legislativamente y con prácticas sustanciales que permitan aseverar que “hoy la empresa es mejor”.
Díaz Pérez detalló que esa feminización incluye la negociación colectiva e incorporar en el trato entre sindicatos y empresarios las garantías fundamentales de las mujeres y de las personas LGBT, y avanzar hacia un lugar donde la democracia es real.
En el Aula Magna Jacinto Pallares de la FD resaltó que la modernidad no está reñida con las prerrogativas inalienables ni laborales, que se deben respetar si una persona realiza su empleo remoto.
Esas grandes transformaciones no se deben asumir con miedo; por el contrario, se requiere mandar un mensaje de esperanza: que viva la modernidad, las transformaciones tecnológicas, digitales, ecológicas, feministas y las que fueren, pero siempre con derechos fundamentales y laborales. Los grandes cambios son compatibles, por muy difíciles que sean, con los derechos laborales y la fortaleza colectiva, reiteró la ministra.
La economista Norma Samaniego Breach, integrante del Consejo Académico Asesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, apuntó que las comunicaciones y la tecnología se han transformado a una velocidad jamás vista por la humanidad. La “gran corporación” que fue modelo, ya no tiene una amplia planta laboral, sino que se estructura en torno a proyectos efímeros, dispersos en el planeta.
Numerosas actividades, no sólo los manuales, han sido sustituidas por las máquinas. Ahora, la inteligencia artificial reemplaza también al quehacer intelectual, en tareas rutinarias y que requieren algún tipo de decisiones. Además, “el trabajo remoto es una nueva modalidad para la cual no tenemos una estructura real de protección”.
Se han dado transformaciones radicales en la fuerza de trabajo. La irrupción de la mujer en un mundo esencialmente masculino fue un paso que requirió respuestas a nuevas necesidades, varias de las cuales no se han satisfecho todavía, por ejemplo, en el campo de las pensiones.
En otro caso, para el empleo migratorio, presente en el orbe, no se ha encontrado una respuesta satisfactoria de regulación y protección, mencionó Samaniego Breach.
Los efectos combinados de estas tendencias son síntomas de una profunda revolución que cimbra las estructuras de la legislación laboral que surgió a principios del siglo XX, subrayó.
Además, la lucha de las organizaciones laborales también ha cambiado; antes se centraba en el salario y las condiciones de trabajo, y ahora varias se preocupan por cómo puede sobrevivir la empresa ante las modificaciones y el despido de miles de empleados. Tampoco hay regulación del trabajo migratorio y los esquemas de seguridad enfrentan problemas por la mayor esperanza de vida de la población, que pone en jaque a los sistemas de pensiones, acotó.
Para la profesora de Derecho del Trabajo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, Carla Jiménez Juárez, estamos ante un paradigma que en México implica el reconocimiento de que las garantías laborales son derechos humanos laborales.
Asimismo, que esta garantía inalienable no puede ser ajena al género, e implica el reconocimiento y la implementación de medidas para sancionar y erradicar todas aquellas conductas donde se violenten las prerrogativas de las empleadas.
Entre los desafíos, continuó, está lograr que la igualdad formal que existe en instrumentos internacionales, en las leyes, que reconoce la obligación estatal de implementar políticas para erradicar la discriminación y violencia laboral, se alcance. El reto no es sencillo, porque se deben implementar los mecanismos para hacer exigible esa normatividad.
