Ciudad de México, México.– A fin de que cumpla con la misión de fiscalizar los recursos públicos de manera transparente, eficiente y eficaz, la diputada panista, María Elena Pérez-Jaén Zermeño anunció que en breve presentará una iniciativa de reforma constitucional para establecer las garantías en la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esto, después de que la ASF no ha realizado una “buena” planeación en las auditorías del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF). de la Cuenta Pública.
En conferencia de prensa recordó que ésta es una obligación por parte de la ASF publicar este PAAF a inicios de año, así como sus modificaciones, pero “ya lo hemos denunciado en diversas ocasiones también la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que tardíamente la ASF publicó el PAAF el pasado 15 de marzo”.
Posteriormente, dijo, hubo otra modificación al PAAF que se publicó el pasado 12 de julio y, por último, ésta que hizo el 9 de noviembre de “todo esto nos demuestra que la ASF no ha hecho una buena planeación de las auditorías”.
La diputada detalló que, en la actualización, del pasado jueves, la ASF dio a conocer 28 nuevas auditorías, modificando seis más en las que se incluyeron algunas auditorías de carácter forense, las cuales son de mayor profundidad y alcance.
Mencionó que 22 auditorías corresponden a actos de fiscalización en materia de cumplimiento a diversos municipios y gobiernos estatales.
“Curiosamente no encontramos agregada o modificada en el PAAF auditorías de carácter forense relativas a los programas sociales como Sembrando Vida, el de Apoyos Económicos, Jóvenes Escribiendo el Futuro o cualesquiera de los programas sociales que implican riesgos de corrupción”, expresó.
Pérez-Jaén Zermeño citó que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro apenas alcanzan auditorías de cumplimiento, es decir, aquellas de carácter financiero y de cumplimiento normativo.
“Estos programas como otros más que tienen riesgos de corrupción requieren que la fiscalización sea minuciosa, profunda, oportuna y tiempo suficiente debieron comprender desde su planeación y haberse iniciado en enero (y) vienen a realizarse transcurrido ya el tiempo”, señaló.
Por ejemplo, dijo que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Programa Sembrando Vida, no obstante que tienen antecedentes no sólo de riesgos, sino de desvíos acreditados de recursos, estos casos tienen tímidamente programadas auditorías de desempeño.
“Si no es por los señalamientos y reclamos que hemos venido haciendo, es que el pasado 12 de julio se agregaron algunas revisiones de alcance forense a Diconsa y Segalmex, yo estaré muy atenta y veremos qué resultados nos presentan el próximo 20 de febrero de 2024, en la última entrega de la Cuenta Pública 2022 y estas auditorías que tendrán como objeto la adquisición de bienes y prestación de servicios, extrañamente se les olvido Liconsa”, apuntó.
La diputada expuso que, de acuerdo con una información de carácter económico Liconsa se encuentra en quiebra, por lo que solicitó hace unos días a la plataforma nacional de transparencia a la empresa paraestatal que entregue todos los estados financieros. “Vamos a hacer una revisión profunda a Liconsa que por alguna razón no está siendo auditada”.
Detalló que las auditorías forenses son revisiones que implican procedimientos de auditorías profundos de campo y análisis financiero, en los cuales se rastrean los flujos de dinero hasta su destinatario final que permiten establecer hasta dónde llegó el dinero, por ende, son el instrumento de auditoría para acreditar los casos de corrupción.
“Por todo lo que he venido denunciando es la razón por la que no se puede seguir con el actual marco que regula la Fiscalización Superior donde una persona decide a capricho por consigna, por encargo, a pedido de David Colmenares Páramo, bajo el argumento que demuestra que no conoce ni comprende, en absoluto, el marco que regulatorio que conduce”, puntualizó.
Por ello, enfatizó en la necesidad de construir una ASF eficiente, eficaz y construida en una base constitucional y legal que la separe del poder político, y que no permita que una persona tome decisiones que a fin de cuentas perjudican a todos los mexicanos, que se conforme en un marco de frenos y contrapesos, que la conduzcan personas formadas y técnicas con el perfil adecuado, “que nos haga sentir orgullosos y confiados de que los recursos públicos están bien vigilados”.
Finalmente, Pérez-Jaén Zermeño aseguró que la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no están cumpliendo con la tarea para la que fueron creados, pero “presentaré una reforma desde el texto constitucional para que tengamos un ente fiscalizador verdaderamente independiente y autónomo de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo para que sean personas probas y que no se conduzcan bajo las ordenes de ningún Grupo Parlamentario”, finalizó.
