Ciudad de México, México.—El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue sometido a una larga lista de prácticas de corrupción y, desde 2007 hasta 2018, sus directivos iniciaron una “privatización silenciosa” en los servicios que alcanzaron contratos de hasta 88 mil millones de pesos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.
El procurador Fiscal, Arturo Medina, aseguró que el patrimonio del ISSSTE fue afectado por 15 mil millones de pesos en 12 años por un esquema de corrupción y defraudación de ex trabajadores de la dependencia coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de tribunales laborales quienes tramitaron miles de juicios ante Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en el norte del país para obtener pensiones más altas, y hay 31 denuncias ante FGR.
El Ejecutivo Federal dijo que en la actual administración abatió un pasivo de 20 mil millones de pesos del Instituto con lo que se recibió a finales de 2018, además se detectaron 100 pensiones irregulares que rebasaban el tope de los 31 mil pesos mensuales para un monto máximo de lo servidores públicos.
El presidente reafirmó su plan de convertir al sistema de salud en uno de primer mundo por lo que se trabaja en la recuperación y nacionalización del ISSSTE.
Señaló que el ISSSTE desde 2007 sus directivos iniciaron con una “privatización silenciosa” en los servicios a fin de beneficiar a empresas con contratos 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el instituto; asimismo, se detectaron 100 pensiones irregulares que rebasaban el tope de los 31 mil pesos mensuales, monto máximo para servidores públicos; además, se abatió el pasivo de 20 mil millones de pesos con el que lo recibieron en 2018.
El procurador Fiscal, Arturo Medina, explicó paso por paso el modus operandi del esquema de corrupción en que extrabajadores del instituto se coludieron con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de tribunales laborales quienes tramitaron miles de juicios ante Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en el norte del país para obtener pensiones más altas. “El esquema de defraudación y saque que operó por más de 12 años afectó su patrimonio por 15 mil millones de pesos, por lo que ya hay 31 denuncias presentadas ante la FGR y se han judicializado las carpetas contra 22 personas…”
