Ciudad de México, México.– Con el fin de evitar la estigmatización y la criminalización del trabajo sexual, así como garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales, la diputada morenista, Reyna Celeste Ascencio Ortega propuso cambios legales.
La legisladora plantea añadir una fracción IV Bis al artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para “evitar la estigmatización del trabajo sexual, garantizar la seguridad de las personas que se dedican a ello y capacitar en este aspecto a los integrantes de las instituciones de seguridad pública”.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, precisa que, en la prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social, se debe evitar la desacreditación de esta actividad laboral.
En la fundamentación del documento se explica que el objetivo es impedir que el trabajo sexual se criminalice o se advierta como una actividad ilícita y que con motivo de ello las personas que se dedican a este trabajo sean perseguidos o agredidos por otras personas o bien por las instituciones de seguridad pública.
“Se trata de cambiar una perspectiva de discriminación, odio y violencia hacia un grupo de personas, precisamente el abordarlos como infractores de la ley, aunque solo estén trabajando, lo que conlleva a su persecución y discriminación, con especial énfasis por parte de las policías”, establece el texto.
Ascencio Ortega agrega en su iniciativa que lo que se busca es reconocer la existencia del trabajo sexual y que el mismo no es una fuente de violencia, sino de una actividad para el sustento de muchas personas y familias.
Añade que el Estado debe proteger a las y los trabajadores sexuales y prevenir los delitos violentos e ilícitos que se cometen en contra de estas personas, particularmente por parte de integrantes de las policías; por ello es de suma importancia capacitar a los cuerpos de seguridad pública en esta materia.
Señala que, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la criminalización y la discriminación aún presentes hacia quienes ejercen el trabajo sexual, aunadas a la marginación y falta de acceso a la información, impiden su acceso a los beneficios de seguridad social que tienen otros trabajadores.
La propuesta de la diputada Ascencio Ortega puntualiza que desde el Congreso de la Unión se deben dar bases generales, con la finalidad de prevenir la violencia, lograr un tratamiento adecuado de las instituciones de seguridad pública hacia quienes ejercen el trabajo sexual.
