TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
Asediado por la incertidumbre de inversionistas de quienes dependen proyectos y desarrollos esenciales para México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio en su mañanera de ayer una larga y detallada explicación sobre sus motivos para ordenar esta intervención.
De entrada advirtió que la ocupación no es por un pleito con Germán Larrea, con quien tiene desacuerdos, y que tampoco tiene nada que ver con la compra de Banamex.
Dijo que la temporalidad o permanencia total de lo intervenido dependerá de que Larrea “recapacite”, regrese la concesión al Gobierno y sea además generoso y no pretenda continuar con su intención de cobrar 9 mil 500 millones de pesos por indemnización.
El mandatario le indico que si no cambia su actitud, él tiene facultades para indagar sobre cómo obtuvo Cananea por parte del presidente Carlos Salinas en los 90, o como logró las concesiones mineras que tiene en el país, hasta los contratos petroleros y de manejo de puertos y otros.
En pocas palabras AMLO le dijo que si no cede la concesión de Ferrosur, que es de la nación, le dijo, y que a él le interesa mucho porque ahí justo inicia el Tren Maya, entonces pone en riesgo todo lo demás que tiene.
AMLO aclaró que la ocupación temporal no fue una expropiación porque la Concesión es del Estado y no es propiedad privada. Es recuperación, dijo.
“… esto es un proyecto que nos importa mucho… es el sureste, es gente muy pobre, muy necesitada. Se están creando muchísimos empleos, hay trabajo, y ¡cómo es que no ayudan, que no cooperan!”, dijo un tanto desesperado porque ni Larrea ni sus opositores le entienden.
Si Larrea le cede la concesión, afirmó, entonces él le garantiza que podrá seguir operando Ferrosur y todo lo demás que tiene.
Así de fácil.
CÓMO LO VE MONREAL
“La división de poderes ha tenido siempre un impacto significativo en la vida democrática del país, y aunque puedan tener diferencias y no estar de acuerdo entre sí en determinados temas, el Estado de derecho se basa en la idea de que cada uno de ellos cumpla con su función en forma independiente y sujeta a la Constitución y al marco legal; precisamente, esta separación permite el equilibrio y los contrapesos necesarios, además de proteger los derechos y libertades ciudadanos.
“Lo anterior adquiere relevancia a raíz de los hechos ocurridos en días pasados que, ante los ojos de muchas personas, evidenciaron una suerte de crisis o confrontación entre poderes.
“El primero de ellos fue el intercambio de mensajes a través de WhatsApp entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el presidente del Senado de la República. El tono poco usual de la comunicación llevó incluso a la propia ministra a reconocer que la vía utilizada no fue la más adecuada; sin embargo, con la voluntad de ambas partes, la tensión que se hubiese generado se puede resolver mediante el diálogo y la tolerancia.
“El segundo hecho se refiere a la declaratoria de invalidez por parte de la SCJN respecto al decreto presidencial sobre las obras emblemáticas. Ante ello, el Ejecutivo federal publicó un nuevo decreto en el que éstas —por ejemplo, los tres aeropuertos (Chetumal, Tulum y Palenque) y los tres trenes (Interoceánico, Tehuantepec y Maya)— se consideran de interés público y de seguridad nacional.
“Este nuevo decreto no implica un desacato por parte del jefe del Estado mexicano en relación con la declaratoria de invalidez de la Corte y mucho menos significa una confrontación entre poderes. Por el contrario, no solamente se respetó la invalidación del primer decreto, sino que el segundo contiene más elementos que lo convierten en un acto realizado bajo el principio de legalidad que le concede la Constitución al Ejecutivo federal.
“Además, se trata de obras que reflejan la visión y las prioridades del presidente, en términos de políticas públicas, con las que busca impulsar una agenda de gobierno claramente establecida y, sobre todo, abordar problemáticas específicas, como la reducción de la pobreza y la mejora de la infraestructura, entre otras.
“Conviene recordar que existen diferencias entre ley y legalidad, que son relevantes para comprender el funcionamiento del sistema jurídico y el Estado de derecho. La ley se refiere al conjunto de normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo y que establecen derechos, obligaciones y regulaciones para la ciudadanía y el Gobierno. Por otro lado, la legalidad se refiere a un principio fundamental del Estado de derecho, que señala que todos los poderes públicos están sujetos a la ley y deben actuar de conformidad con ella.
“Bajo este principio, se exige que los actos de las personas servidoras públicas y de las instituciones del Estado se realicen dentro de los límites establecidos por la ley, y que se respeten los derechos y garantías individuales. Justamente, apegado a dicho principio ha actuado el presidente López Obrador, en medio de esta suerte de desarreglo institucional que, a final de cuentas, es resultado de puntos de vista distintos respecto de lo que cada poder considera como prioritario para la nación”.
