Ciudad de México, México.– El Congreso local aprobó un dictamen a diversas iniciativas que reforman y adicionan preceptos de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, en materia de experiencia laboral, así como educación sexual y reproductiva.
Al sustentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Juventud, diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, refirió que entre las reformas aprobadas en materia de educación sexual y reproductivas están que las autoridades de salud y educativas realicen “campañas informativas, preventivas, diversas y laicas sobre los riesgos a que las y los jóvenes pueden estar expuestos y para prevenirlos”.
Agregó que, en materia laboral, se plantea promover y procurar la creación y difusión de políticas públicas que tengan como finalidad que los jóvenes no sólo obtengan su primer empleo, sino que desarrollen habilidades para su inserción en el mercado laboral.
Cabe detallar que, en materia de educación sexual, las modificaciones a los artículos 20 y 38 establecen que los jóvenes tienen derecho a acceder a programas educativos y de capacitación en materia sexual y reproductiva, al tiempo que las autoridades locales deberán realizar campañas informativas sobre los riesgos y su prevención.
En los artículos 25 y 32 se contempla que la educación sexual sea obligatoria, universal e inclusiva y que las políticas que establezca el gobierno capitalino para dar la información a este sector sean preferentemente en el ámbito educativo.
En materia de experiencia laboral, los cambios al artículo 13 señalan que la autoridad procurará promover programas específicos que tengan como finalidad impulsar empleos para personas jóvenes que recién hayan concluido su formación académica.
Respecto a las modificaciones a los artículos 12, 14 y 157, están relacionadas con precisar que las políticas públicas tendrán un carácter permanente; además, serán enfocadas a acercar a las personas jóvenes a su primera experiencia laboral, tanto en el sector público como en el privado.
Dichas políticas públicas, deberán observar los principios de paridad e igualdad de género y no discriminación y tomarán en consideración la edad para las funciones que desempeñen.
