Ciudad de México, México.– El pleno del Congreso local aprobó un dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a partir de una iniciativa presentada por la titular de esta instancia, Ernestina Godoy Ramos, para reorganizar la estructura orgánica de las unidades ministeriales, así como la definición de competencias de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto.
Asimismo, establece un marco jurídico adecuado para la investigación exhaustiva por parte del Órgano de Control Interno y su correspondiente sanción de aquellas faltas cometidas por servidores públicos adscritos a la FGJCDMX.
El diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, presentó el dictamen que aprueba la propuesta de la titular de la FGJCDMX, y puntualizó que su objetivo es realizar una reestructuración de índole administrativo al interior de este organismo de carácter constitucional y autónomo.
El legislador precisó que se establece como parte de la estructura orgánica a la Coordinación General de Acusación,Procedimiento y Enjuiciamiento de la FGJ, como la unidad encargada de intervenir en los procesos que se llevan a cabo durante todas las etapas que contempla el sistema procesal penal de corte acusatorio.
Rivero Villaseñor explicó que el dictamen establece un artículo 53 bis, que establece a la Unidad de Implementación como encargada de coordinar, ejecutar, implementar y llevar a cabo la evaluación del proceso del Plan de Transición de la Fiscalía General, a fin de dar cabal cumplimiento a las direcciones que quedaron enunciadas dentro de dicho plan.
Además, indicó que, para la debida investigación de los delitos de alto impacto, se establece como parte de las facultades de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, la persecución de delitos de desaparición forzada de las personas y de desaparición cometida por particulares.
En el mismo sentido, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Genero y Atención a Víctimas, deberá implementar una coordinación inmediata con la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México.
Como parte de las facultades de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, se indica la coordinación con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México u homólogas de las entidades federativas, así como con los órganos encargadosde la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
La Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos,coordinará al Órgano de Gestión Administrativa de Casos No Penales y a la Supervisión General de Justicia Alternativa. Esta misma coordinación supervisará aquellos casos que por su relevancia social no correspondan al ámbito del derecho penal, los cuales son conocidos por Unidades de Atención Temprana.
El dictamen también define implementar un régimen por el cual se regulan las relaciones con las personas servidoras públicas, así como el Régimen de Responsabilidades de las personas servidoras públicas, estableciendo sus derechos y obligaciones.En el mismo orden de ideas y para dar cumplimiento a lo anterior, se establece a la Unidad de Asuntos Internos para investigar el incumplimiento de las obligaciones del personal ministerial, pericial, de estructura y administrativo.
Las facultades del Consejo de Asuntos Internos serán ampliadas, así como su integración y en especial la facultad de dar vista al Consejo de Honor y Justicia, el cual emite resoluciones de carácter inacabables y definitivas, para el caso de sanciones a personas de la FGJ.
El legislador Rivero Villaseñor concluyó asegurando que las reformas presentadas garantizarán la efectividad e independencia de la FGJ, “en beneficio de la seguridad y la justicia de la sociedad, que nos permita avanzar a un futuro mas justo y seguro para todas y todos”.
Previo a la votación del dictamen, el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI), presidente de la Mesa Directiva, puso a consideración del pleno la moción suspensiva presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN), misma que fue desechada.
El dictamen puesto a consideración de las personas legisladoras se aprobó con 35 votos a favor, cero en contra y una abstención.
