Ciudad de México, México.—El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel y el bloque opositor, celebraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya anulado la primera parte del Plan B del Ejecutivo Federal, mientras el líder parlamentario morenista, Ignacio Moisés Mier calificó como un atropello al poder legislativo la resolución del máximo tribunal del país. El líder senatorial morenista, Ricardo Monreal, opinó que la decesión de los ministros muestra que en la nación hay división de poderes. En su cuenta de twitter, Creel se congratuló de que la SCJN haya analizado la acción de inconstitucionalidad que se presentó sobre el Plan B del presidente y su partido, y que hayan anulado su primera parte porque el proceso legislativo no fue el que marca la Constitución.
Añadió que en México, en el Poder Legislativo debe privilegiarse el diálogo y el debate respetuoso y no el fast track o el mayoritareo como ha actuado Morena. Además, condenó las presiones y amenazas que padecieron los ministros durante este proceso. También reprobó el comunicado de la Consejería Jurídica del gobierno federal que denota el desconocimiento o el desprecio del orden constitucional del país. Cualquier imposición del partido en el gobierno debe desaparecer para dar paso a una democracia donde se respete la pluralidad y se escuchen todas las voces.
Por su parte, el diputado Ignacio Mier Velazco, líder parlamentario morenista en San Lázaro, aseveró que la resolución de la SCJN respecto a la validez constitucional de las leyes secundarias en materia electoral, representa un atropello al Poder Legislativo.
En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, Mier Velazco lamentó que la Corte, a través de su determinación, esté imponiendo “un gobierno de jueces y convierte al Poder Judicial en activistas políticos”.
“Es una verdadera incongruencia y miopía jurídica de los ministros, quienes invocaron los principios de democracia y representación popular, y luego votan un proyecto en contra de la representación democrática mayoritaria que eligió con su voto el Pueblo de México.
“La Suprema Corte impone el gobierno de los jueces y convierte al Poder Judicial en activistas políticos”, expuso en un comunicado.
Señaló que la Suprema Corte está invadiendo atribuciones que le corresponden exclusivamente tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores y los congresos locales.
El diputado recordó que la Constitución establece que se realizarán los procedimientos para determinar la validez de una ley sólo en los casos en que exista duda o nula precisión que garantice la interpretación por parte del juzgador o, en este, caso los ministros.
Mier Velazco expresó que la discusión en el pleno de la Suprema Corte estuvo sustentada en el procedimiento legislativo al que fueron sometidas las reformas avaladas, en materia de dispensa de trámites, lo cual es una atribución constitucional que le corresponde únicamente a las y los diputados y senadores.
“El Congreso establece de manera clara en su Reglamento y en su Ley que se pueden dispensar los trámites; tendrían que realizar una recomendación o exhorto para que no hubiera dispensa de trámites”, indicó.
En tanto la fracción parlamentaria perredista, saludó el fallo de 9 votos contra 2 emitido esta tarde por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al llamado “Plan B” de reformas electorales avaladas el 7 de diciembre pasado por Morena y sus aliados.
Con esta acción, los perredistas señalaron, se da a la oposición fundamento a favor respecto a que se trató de un proceso legislativo “fast track”, violatorio no sólo de las normas que rigen al Congreso de la Unión, sino de la Constitución misma.
Las y los diputados del PRD refrendaron su respaldo a la Ministra Presidenta Norma Piña y los ministros y ministras que hicieron cumplir la Constitución, por lo que llamaron a la Presidencia de la República, a su Consejería Jurídica, y todos los entes políticos afines a la llamada “Cuarta Transformación”, a frenar los ataques y presiones, una vez que sigue por discutir la segunda parte donde el ministro ponente es Javier Laynez, quien hoy votó a favor de declarar la invalidez de la primera.
Asimismo, recordaron que esa segunda parte involucra: las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (modificaciones a la estructura del INE, eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales, y recorte de personal); la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“Lo que el ministro Javier Laynez presentará es el proyecto, en el cual se analiza si también hubo violaciones al procedimiento legislativo y si el contenido de las normas es o no contrario a la Constitución”.
Concretaron que con ello habría sido ya abordada toda la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y no habría tiempo para que su Consejería Jurídica pudiera presentar una nueva reforma electoral, porque la Constitución establece en el artículo 105 que “cualquier modificación a la legislación electoral tiene que ser publicada a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral”, mismo que con la Ley anterior iniciaría el 2 de septiembre, en tanto que con la segunda parte del “Plan B”, tendría lugar en noviembre.
Por ende, aseveró la bancada perredista, este tema debe ser resuelto lo antes posible, sin dar ya margen a otra reforma.
Finalmente, los perredistas confiaron en que esta segunda parte del llamado “Plan B” electoral de AMLO, correría la misma suerte que la primera, considerando los argumentos que hoy presentó el ministro Laynez para dar su voto y que habría de presentar en las próximos dos semanas al Pleno de la Corte ante la proximidad del proceso electoral de 2024.
Por su parte, la bancada emecistas aseveró que en “una votación histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la primera parte del Plan B de la reforma electoral, al hacer valer el recurso presentado por Movimiento Ciudadano sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el contenido del decreto.
“En la bancada reconocemos a las y los ministros que se manifestaron por hacer valer la Constitución, y refrendamos nuestra confianza en la Suprema Corte como contrapeso para dignificar la división de poderes. Una vez más, demostró su independencia al Poder Ejecutivo pese a los ataques injustificados en su contra”, señaló en un comunicado.
Recordó que durante el debate denunciaron la ilegalidad del proceso legislativo y hoy el derecho les da la razón y evidencia que la mayoría no permitió condiciones para realizar un debate informado del contenido, pues la iniciativa no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria previo, se publicaron dos iniciativas con menos de una hora de diferencia y no hubo certeza sobre cuál se sometió a votación.
