Ciudad de México, México.– Con el objetivo de articular programas, estrategias y acciones de las instituciones del Estado para garantizar el acceso a servicios de cuidado a la población en situación de dependencia y los derechos de las personas proveedoras, ya sea que lo hagan de manera remunerada o no remunerada, la diputada emecista, Amalia Dolores García Medina propuso establecer esas consideraciones en la Ley General de Desarrollo Social la Política Nacional de Cuidados.Ello, mediante una iniciativa que adiciona un Capítulo II Bis al Título Tercero, y modifica los artículos 49, fracción I, 51 y 60 de la Ley, enviada a la Comisión de Bienestar para dictamen.
Define servicios de cuidado como el conjunto de apoyos indispensables para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, a fin de satisfacer las necesidades integrales de subsistencia de las personas en diferentes etapas de su vida.
Estipula que los servicios de cuidado no remunerados son los llevados a cabo por familiares o voluntarios no profesionales, de manera solidaria sin contraprestación económica. Los remunerados están sujetos a una regulación o contrato y reciben una contraprestación económica.
Agrega que la población en situación de dependencia son las personas que carecen de autonomía física, mental, intelectual o sensorial para desarrollar las actividades y atender por sí mismas sus necesidades básicas.
En el diseño de la Política Nacional de Cuidados se considerará la variabilidad del grado de dependencia a fin de diseñar las estrategias para que accedan a estos servicios infantes, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, población adulta mayor y personas con enfermedades crónico-degenerativas, establece.
Se promoverá la responsabilidad entre familia, sector privado, sociedad civil y Estado para proporcionar los cuidados, así como la repartición equitativa de estos trabajos entre mujeres y hombres, y el acceso de toda persona que los requiera en condiciones de igualdad y no discriminación.
Propone un nuevo artículo 17 Ter para que las instituciones del Estado encargadas de atender asuntos públicos en materia de salud, educación, trabajo y seguridad social, coordinen sus políticas, programas, estrategias y acciones para promover que las personas en situación de dependencia reciban servicios dignos de cuidado en su domicilio o en alguna estancia diurna o nocturna.
También, que quienes realicen los cuidados remunerados accedan a capacitaciones y certificaciones de manera periódica y a la seguridad social; y quienes los llevan a cabo sin pago se capaciten y certifiquen y reciban pensiones por incapacidad o vejez.
Además, que las licencias de maternidad y paternidad ayuden a conciliar la vida laboral y familiar; disponer de tiempo para cuidar a sus hijas e hijos, especialmente tratándose de infantes, niñas, niños y adolescentes con discapacidad y adultos mayores en situación de dependencia.
Plantea esquemas de participación con el sector privado y la sociedad civil para contar con espacios seguros de cuidado y desarrollo, como guarderías, escuelas de horario extendido, estancias infantiles, para personas con discapacidad y adultos mayores, y que las casas hogar y los albergues brinden servicios de cuidado dignos a personas en situación de vulnerabilidad o desamparo.
Asimismo, que haya suficientes estancias diurnas y nocturnas de calidad para personas en situación de dependencia que requieran de cuidados médicos no intensivos. Además, brindar servicios a quienes requieran rehabilitación física para mejorar sus capacidades, favorecer su autonomía y minimizar su condición de dependencia.
La reforma a los artículos 49, 51 y 60 busca agregar a los organismos públicos autónomos para integrar la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, y colaborar con el Consejo Consultivo de Desarrollo Social.
La diputada García Medina refiere que con estas reformas se integrará a la Política Nacional de Desarrollo Social la atención de quienes reciban y dan cuidados, beneficiará a las personas cuidadoras que en su inmensa mayoría son mujeres, reducirá brechas de desigualdad de género y promoverá la movilidad social.
