Ciudad de México, México.—A fin de garantizar que los adultos mayores en situación de calle sean sujetos de derecho de un albergue, la diputada emecista, María Asención Álvarez Solís impulsa una iniciativa que reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Las modificaciones a los artículos 5, 8, 18 y 22 de la mencionada ley, también proponen establecer que ninguna persona adulta mayor en situación de calle podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.
Asimismo, se les deberá garantizar gestiones de apoyo y protección por parte de las instituciones públicas del sector salud y de programas de prevención y protección correspondientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas.
La exposición de motivos de la iniciativa, remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refiere que México, al igual que otros países, experimenta un proceso de envejecimiento en su población, ya que de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2020 la población de 60 años y más pasó de 9.1 por ciento en 2010 a 12.0 por ciento en 2020.
Afirma que este proceso de envejecimiento de la población es notorio, y datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el segundo trimestre de 2022, estiman que en nuestro país residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores), que representan el 14 por ciento de la población total de México; más de la mitad (56 por ciento) tiene entre 60 y 69 años.
Conforme avanza la edad, agrega, este porcentaje disminuye: 30 por ciento en lo que corresponde al rango de 70 a 79 años de edad, y 14 por ciento a las personas de 80 años y más. En cuanto al sexo, el porcentaje es ligeramente más alto para los hombres de 60 a 69 y para las mujeres de 80 años y más.
Menciona que el Censo de Población y Vivienda 2020 revela que en nuestro país casi tres millones de persona adultas mayores no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud.
Según el estudio “Personas mayores en calle. Problemáticas, testimonios y recomendaciones”, este sector de la población experimenta una triple discriminación: por su edad, su precariedad económica y su condición de vida en calle.
Por ello, indica, ante la múltiple vulnerabilidad y discriminación que enfrentan, respecto a su reconocimiento y defensa de sus derechos humanos y el acceso a los bienes y servicios, es una problemática que debe ser atendida de forma transversal, ya que impacta de forma directa a diversas instituciones públicas, privadas y sociales.
