Ciudad de México, México.– La Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal, a fin de aplicar sanción de dos a cinco años de prisión a quien promueva la discriminación, violencia u odio racial. El proyecto también plantea de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, para quien incite, difunda, promueva, publique, propague, transmita, justifique y fomente de manera directa o indirecta ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza, de guerra, de apología al odio nacional, o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico.
Así como para quien financie y realice actividades o propaganda que promuevan la discriminación, violencia o el odio racial en contra de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico.
Las y los senadores avalaron la misma multa para quien restrinja los derechos de la libre personalidad de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, mediante la exposición e intimidación en medios cibernéticos o cualquier medio de comunicación.
También a quien pertenezca, participe, colabore y ayude a organizaciones que promuevan la discriminación, superioridad, violencia o el odio racial en contra de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico.
Los integrantes de la Comisión de Justicia respaldaron la propuesta para que al servidor público que cometa alguna de las conductas previstas en las fracciones anteriores, se le incrementará en una mitad la misma pena, además se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Senadoras y senadores destacaron en el documento, que aprobaron en su reunión del pasado 22 de febrero, que es imperativo eliminar cualquier forma de discriminación y odio.
Además, subrayaron la necesidad de establecer y tipificar un tipo penal en el Código Penal Federal, que prevea y sancione estas conductas, a fin de salvaguardar los derechos y libertades de las personas en apego al marco constitucional y en atención al marco internacional del que México forma parte.
