Ciudad de México, México.— Algunas casas de empeño se detectado como establecimientos de “fachada” de delincuentes, por ello la diputada pevemista, Rocío Corona Nakamura propone regular esas negociaciones en una iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
“En México, las casas de empeño pese a su importancia en la economía familiar no están reconocidas como instituciones financieras, por tanto, urge que su regulación y certificación atienda criterios legales rigurosos”, manifestó en un comunicado.
Apuntó que su iniciativa tiene el objetivo de salvaguardar y proteger los ahorros e intereses de las familias que recurren a las casas de empeño, “más aún, cuando un alto porcentaje de la población económicamente activa no tiene acceso a créditos bancarios, pero sí tiene necesidades concretas de financiamiento”.
“Hay que cuidarlas y protegerlas de cualquier amenaza, sobre todo en estos tiempos donde la delincuencia se ha modernizado, y diversificado, y busca cualquier espacio para delinquir o bien, lavar dinero, fruto de sus actividades ilícitas y financiar otras actividades generalmente ´fachadas´ para encubrir su crecimiento y fortaleza económica”, justificó la diputada.
La iniciativa plantea reformar el artículo 2 y adicionar el 49º Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a fin de incluir las casas de empeño como instituciones financieras y poder reforzar las medidas de protección, seguimiento, revisión y supervisión, asimismo, ampliar las instituciones y autoridades encargadas de velar por las garantías tanto para los negocios como el beneficio de los clientes.
El nuevo artículo establece que “no obtendrán la autorización para funcionamiento y operación las instituciones financieras que estén integradas con propietarios, accionistas, socios, directivos, representantes o administradores que hayan sido condenados por delitos de delincuencia organizada, patrimoniales o financieros”.
En este sentido, precisa que la violación a la disposición de ese artículo se sancionará con la revocación inmediata de la autorización para operar que haya emitido la autoridad competente.
Los cambios a la norma jurídica van a regular y certificar la operación y funcionamiento de los más de 9 mil establecimientos que hay en el país y podrán evitar más riesgos a los usuarios del llamado crédito prendario.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, del INEGI, al menos 38% del total de la población recurre a préstamos, ya sea a través de una casa de ahorro o una casa de empeño, pues las facilidades y oportunidades para acceder a estos negocios son más flexibles en comparación con un banco.
