Ciudad de México, México. – – A fin de que los institutos políticos estén obligados a observar que las y los candidatos cumplan con el requisito de no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, fracción parlamentaria perredista en San Lázaro impulsa reformas y adiciones a la Constitución Política.
Tampoco, haber sido penalizados por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o condenados como deudores alimentarios morosos.
La iniciativa propone establecer dichos requisitos para ser diputada o diputado, titular de la presidencia de la República y de la Fiscalía General de la República (FGR), ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aspirante a un cargo de elección popular en los tres ámbitos de gobierno en los estados.
Expone que la sociedad exige que se erradique la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial, la que afecta a las mujeres por razones de género derivado de causas estructurales que perpetúan la desigualdad y la discriminación.
Destaca que la manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en una candidatura, que no hayan incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar.
Por esa razón, precisa que la 3 de 3 contra la violencia, constituye una medida que promueve que quienes aspiren a acceder a cualquier cargo público no deben incurrir en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios patriarcales en contra de las mujeres por razón de género.
A través del 3 de 3 contra la violencia, menciona la iniciativa, se instrumenta una medida que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas que aspiren a acceder a cualquier cargo público, no detenten antecedentes que, por su naturaleza, son indicativos de conductas constitutivas de violencia en contra de las mujeres.
De ahí, puntualiza, la necesidad de elevar a rango legal la protección de la mujer, con el fin de garantizar la erradicación y la eliminación de la violencia en todas sus formas.
La iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41, 55, 82, 95, 102 y 116 constitucionales, la suscriben las diputadas del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, María Macarena Chávez Flores, Edna Gisel Díaz Acevedo, Olga Luz Espinosa Morales, Laura Lynn Fernández Piña, Fabiola Rafael Dircio, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia y Gabriela Sodi Miranda.
La propuesta fue turnada para dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
