Ciudad de México, México.– El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó modificaciones al Reglamento de Elecciones, las cuales establecen una estructura ocupacional mínima, de personal técnico y especializado, a los Organismos Públicos Locales (OPL) en las 32 entidades del país que les permita la debida coordinación el INE en el macro de los Procesos Electorales.
La Consejera Dania Ravel, Presidenta de la Comisión de Vinculación con los OPL, explicó que estas modificaciones permitirán a los institutos electorales contar con personal especializado que tenga a su cargo desarrollar las funciones de organización electoral, educación cívica y capacitación electoral, prerrogativas y partidos políticos, igualdad de género y no discriminación, jurídico-contencioso, administración e informática.
Afirmó que la soberanía de los estados y la libertad configurativa de los congresos locales quedan a salvo, ya que estas modificaciones únicamente establecen un piso mínimo en la estructura ocupacional de los Organismos Públicos Locales Electorales.
“No estamos determinando ni la creación de nuevas áreas, ni un número determinado de direcciones o áreas con las que deben contar, únicamente que cuenten con el personal especializado para poder desempeñar las actividades relativas a los procesos electorales”, aclaró la Consejera Ravel.
Afirmó que la propuesta es toral para la coordinación entre el INE y los OPL, tomando en consideración opiniones jurisdiccionales, por eso se realizó una propuesta que no fuera de áreas, sino de funciones sustantivas, con personal técnico especializado.
Modificaciones contribuyen a homogenizar y estandarizar el modo en el que se realizaban las elecciones en este país
Al hacer uso de la voz, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, relató que la reforma de 2014, vigente hasta el momento, estableció un Sistema Nacional de Elecciones y buscó profesionalizar la función electoral, así como homogenizar y estandarizar el modo en el que se realizaban las elecciones en este país.
Este acuerdo, aseguró, busca contribuir a un sistema electoral a nivel federal y local sustentado por profesionales, por personal técnico y, por otro lado, una estructura homogénea, estandarizada, con mínimos comunes entre todos los órganos electorales.
“Quien quiera interpretar este acuerdo de otra manera, simple y sencillamente está desvirtuando el propósito del mismo”, aseveró.
Necesario cuidar subordinación jerárquica de las leyes
Al argumentar su voto en contra de este acuerdo, la Consejera Carla Humphrey expuso que, desde su punto de vista, las determinaciones incluidas en el acuerdo podrían modificar o alterar el contenido de una disposición de rango superior, como lo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que viola el principio de subordinación jerárquica de las leyes.
Señaló que, en el caso de las modificaciones aprobadas por el Congreso Local de la Ciudad de México que ajustan la estructura del instituto local, la Suprema Corte ha determinado que éstas no son inconstitucionales, pero porque las llevó a cabo el órgano legislativo local en ejercicio legítimo de su libertad de configuración, es decir, “los congresos locales retienen para la Corte, la facultad exclusiva de legislar en esta materia”.
“Aun cuando una de las finalidades de la reforma electoral de 2014, fue dotar a los OPL de un cuerpo de servidoras y servidores públicos, estandarizado a lo federal como lo expresa el proyecto de acuerdo, a nuestra consideración, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de la función electoral y evitar la posible vulneración de la autonomía de los institutos locales por organismos externos, ello no significa, en automático, que el INE sea quien puede establecer la base reglamentaria para que los OPL cuenten con una estructura mínima ocupacional” -dijo Humphrey-.
Corresponde a las y los ciudadanos frenar la embestida contra las autoridades electorales
Por su parte, el Consejero Uuc-kib Espadas, destacó que, efectivamente, existe una embestida que desde el poder se ha emprendido en contra de las autoridades electorales en general y no solamente del Instituto Nacional Electoral. Y si una o varias de estas representaciones parlamentarias han decidido unirse a la consigna de resquebrajar a las instituciones electorales, esto es un asunto de la estricta competencia de la ciudadanía en los estados y bajo su responsabilidad. Las leyes electorales las harán los legisladores legitimados para ello.
“Pero este Instituto no puede, no tiene la facultad para detener esos embates legislativos. Votaré en contra del acuerdo que se presenta, porque considero que, en efecto, se trata de materia legislativa, no porque la embestida traducida en leyes tenga legitimidad política o legitimidad democrática, ni siquiera legitimidad legal, pero eso corresponde decidirlo, por un lado, a los tribunales y remediarlo a los electores de cada estado”, consideró.
Estructura mínima se requiere para una adecuada coordinación
El Consejero José Roberto Ruiz destacó que este proyecto que modifica el Reglamento de Elecciones se basa en las necesidades del INE para coordinarse con los Organismos Públicos Locales, coordinación que requiere una estructura mínima.
“Para mí el problema jurídico o, incluso, constitucional sería si esta estructura mínima no tuviera racionalidad, fuera desproporcionada, mínima o exagerada en su amplitud. Me parece que la estructura que estamos señalando es plenamente justificable, y en esa medida yo sostengo que estamos haciendo lo correcto para garantizar la correcta y adecuada coordinación”, enfatizó.
No se invaden funciones, se garantiza la funcionalidad
El Consejero Ciro Murayama recalcó que el acuerdo aprobado busca que los OPL tengan un mínimo para funcionar como autoridad electoral local en materia de organización, capacitación, jurídica-electoral, prerrogativas, informática, administración e igualdad de género.
“Si la legislación local dice que hay que suprimir algunas de estas áreas, pues mala tarde para la democracia… Si no hay diseño institucional desde la legislación local, habrá un piso de funcionamiento mínimo. Eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa como autoridad rectora, una estructura mínima para que trabajen. No estamos invadiendo áreas, estamos simplemente pensando en que las elecciones tienen que estar bien hechas, en concordancia con lo que fue el espíritu de la reforma de 2014”.
El objetivo del Reglamento de Elecciones, recordó el Consejero Jaime Rivera, es darle respaldo, fuerza y homogeneidad a los institutos electorales de los estados como lo ordenó la última reforma electoral.
El INE siempre ha cuidado el apego a la ley y al mismo tiempo la defensa, y más aún el reforzamiento de las capacidades para cumplir los objetivos que por mandatos constitucionales y legales tenemos tanto el INE, como los institutos electorales de los estados, lo cual se busca también en este acuerdo que “no propone puestos determinados ni áreas determinadas y una estructura fija para los institutos electorales, pero sí busca garantizar el cumplimiento de sus funciones mínimas y la asignación de responsabilidades”.
Finalmente, la consejera Claudia Zavala refirió que este acuerdo establece la estructura ocupacional mínima que les permitirá a los OPLES, atender de forma especializada las actividades esenciales de la función electoral.
“Estamos señalando qué personal profesional se requieren en los OPLES para desarrollar la función electoral y para garantizar los derechos. La organización electoral, educación cívica y capacitación electoral, prerrogativas y partidos políticos, igualdad de género y no discriminación, el jurídico contencioso, la administración y el tema de informática, son clave para el desarrollo de nuestras funciones”, indicó.
El acuerdo fue aprobado por ocho votos a favor y los votos en contra de la Consejera Carla Humphrey, del Consejero Uuc-kib Espadas y de la Consejera Norma De la Cruz, quien anunció la emisión de un voto particular por escrito.
Necesario promover mecanismos de votación para facilitar, maximizar la participación
Durante la sesión, el pleno recibió el Informe relativo al Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2021, el cual destaca las características de la población que votó y de la que no lo hizo, a través de variables como sexo, edad y tipo de sección electoral a la que pertenecieron, considerando los niveles de inferencia nacional, estatal y distrital.
El objetivo de este estudio es presentar mayores elementos de referencia para identificar posibles patrones de comportamiento en zonas específicas o de interés particular por lo que se incluye la descripción del contexto de la participación ciudadana de las mujeres en 2021, así como el análisis de algunas variables que podrían estar asociadas con el fenómeno de la participación ciudadana a nivel nacional.
El análisis de este estudio se realizó con base en la información de la documentación utilizada por los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla durante la jornada del 6 de junio de 2021.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey, insistió en la necesidad de contar con un modelo que permita conocer la participación ciudadana el día de la Jornada Electoral y tengamos resultados antes, que nos permitan enfocar y diseñar mejores estrategias para impulsar la participación ciudadana, ya que el estudio es presentado un año y medio después de la elección.
Adicionalmente, indicó que las y los jóvenes, sin contar a las y los de 18 años, son el grupo que menos interés tiene en ejercer su voto. “Por ello se debe analizar, promover distintos mecanismos de votación tales como voto por Internet o urna electrónica, con el propósito de facilitar, maximizar y ofrecer más y mejores alternativas de acceso al ejercicio al derecho al voto, lo que podría ayudar a que este grupo de personas se interese más en el sufragio y, por supuesto, la información referente para tener mayor acceso a los planes de gobierno y plataforma ciudadanas”.
