Ciudad de México, México.– Derivado de la pandemia, cerca de dos millones de menores se sumaron al trabajo infantil en nuestro país, para ayudar al ingreso económico familiar, señaló senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Refirió que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el segundo país de esa región con mayor prevalencia en este tipo de trabajo, y cerca de cuatro millones de infantes no asisten a la escuela, por lo que no ejercen su derecho a la educación.
En el foro “El trabajo infantil y trabajo forzoso en México, desde las perspectivas del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno Mexicano”, Vázquez Mota agregó que, 30 por ciento de menores que realizan alguna actividad productiva no recibe algún salario, pero ayudan a sus familias, para satisfacer sus necesidades básicas y para poder pagar su escuela.
Dijo que para eliminar el trabajo infantil se debe garantizar a este sector el acceso a una educación de calidad y que esté cerca de sus domicilios, a fin de evitar la deserción y reducir la pobreza en los hogares; además de mejorar la calidad de los empleos de sus padres, ya que ellos son responsables de dar manutención y hacer que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean una realidad.
Aunado a lo anterior, la senadora de Acción Nacional consideró que es indispensable erradicar las normas sociales que legitiman el trabajo infantil, “está normalización debe detenerse y convertirse en políticas públicas e intervenciones claras, en trabajo conjunto de todo el Estado mexicano”, enfatizó.
Advirtió que, al desaparecer las estancias infantiles se dañaron los derechos de las madres trabajadoras, y al no tener un espacio seguro para cuidar a sus hijos menores de edad, “se han visto en la necesidad de renunciar a sus empleos, encerrarlos en sus casas o llevarlos a sus centros de trabajo”, con los riesgos que eso implica.
Por otra parte, llamó a tipificar las nuevas formas de trabajo infantil, como la cooptación por parte el crimen organizado para que los menores sean parte de las redes criminales, “son nuevas realidades que hablan de trabajo de explotación, de maltrato”. Es indispensable, prevenir este problema y evitar que aumente, ya que se trata de explotación y de un sufrimiento profundo que está marcando su vida para siempre.
Tambien refirió que la migración de niños y adolescentes no acompañados es otro tema que se debe atender; por ello, afirmó que es necesario fortalecer las acciones coordinadas entre Estados Unidos, México y Centroamérica, a fin de fortalecer las redes institucionales y empresariales contra el trabajo infantil, así como ampliar oportunidades educativas y laborales en los lugares de origen de la población migrante.
Mary C. Ellison, representante de la embajada de Estados Unidos en México, dijo que, en colaboración con México y Canadá, trabajan para eliminar el trabajo forzoso e infantil, promover el trabajo digno y proteger el interés superior de la niñez.
Omar Estefan, director general de Previsión Social, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que la aprobación de reformas para garantizar mejores condiciones laborales a los padres y madres, tienen un impacto favorable al interior de los núcleos familiares.
En tanto, Juan Trejo Magos, subdirector de Diseño Conceptual y Validación de Estadísticas de Empleo, dijo que en 2019 la población de cinco a 17 años ascendió a 28.5 millones de personas, de esa cifra, 7.1 por ciento estaba en alguna ocupación no permitida, mientras que 2.6 por ciento, en actividades peligrosas.
Claudia Guidi, consejera de la dirección de Asuntos Laborales Internacionales de Estados Unidos, reconoció que México registró un avance moderado, porque cumple con “la línea de base de protecciones mínimamente aceptable contra el trabajo infantil” e hizo cambios de acuerdo con recomendaciones del año pasado.
De esta manera, se aumentaron las inspecciones laborales, se fortalecieron los informes sobre protección de la niñez migrante y refugiada, y se implementó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, así como las transferencias de apoyos económicos a través de las becas Benito Juárez.
Sin embargo, consideró que se requiere incrementar los inspectores laborales, fortalecer el acceso a la seguridad social, y aumentar los sistemas de protección de este sector para atender los orígenes del trabajo forzoso.
