Ciudad de México, México. – – Las secretarías del Bienestar, y de Hacienda y Crédito Público, deben de ofrecer –ya sea en conjunto o en lo individual- un informe detallado sobre la fecha de apertura, el estado en que se encuentra la operatividad, el padrón de usuarios, la inversión total, y los resultados alcanzados por el llamado “Banco del Bienestar”, pidióM, Macarena Chávez Flores, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora presentó un punto de acuerdo y citó que esa institución “no ha logrado respaldar la imagen de éxito que requiere cualquier entidad de ahorro, ya que las sucursales mal ubicadas y que lucen desiertas, parecen no haber entrado en funciones”.
“La ausencia de operaciones y el desaprovecho del gasto realizado en la construcción de sus sucursales –destaca la legisladora federal- echa por tierra la promesa del Ejecutivo respecto a instalar una cobertura de sucursales para brindar servicios financieros en territorio nacional. Lo anterior, tomando en cuenta que, al inicio del sexenio, el Jefe del Ejecutivo hizo la promesa de instalar y operar 2 mil 700 unidades; sin embargo, se tiene reportado hasta noviembre del año pasado, un total de mil 90 construidas y sin abrir sus puertas, más otras 485 en obra”.
“Una de las razones para la redacción y propuesta de este Punto de Acuerdo, estriba en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al ejercicio aplicado al Banco de la Secretaría del Bienestar, refleja irregularidades, y puntos oscuros en los manejos del gasto; por ejemplo, acerca de erogaciones hechas por equipos y licencias para software no adecuado al tamaño de una institución que requiere cobertura a nivel nacional”.
“Además, agregó, un gasto no contemplado en la planeación original del proyecto y que recibe constantes ajustes no justificados en cuanto al costo de sucursales mal planeadas desde el principio, cuya construcción se encuentra en manos del Ejército”.
Uno de los principales problemas, precisó Macarena Chávez Flores, es que – para la revisión de la ASF- se reporta solo uno de los tres años de supuesta operación, ya que solamente existe el ejercicio 2020.
Respecto a los microcréditos para la población de escasos recursos y prometidos por el presidente en su oferta de beneficios aunados a la creación y operación del Banco del Bienestar, a pesar de la promoción de la directora de administración de los mismos, es materialmente imposible acceder a la aprobación de uno de ellos, agregó la legisladora.
“Además de lo anteriormente señalado, tenemos también que, a la fecha, la estructura del Banco no cuenta con políticas claras ni organizadas para la aprobación y recuperación del crédito, lo que llevó a que el control de estos otorgamientos se perdiera y llevara al principio de una cartera vencida, misma que -a pesar de estar diseñada con una amortización que podría llevar a ‘fondo perdido’- provocará que las finanzas de una institución en esas condiciones representen una receta segura para el colapso financiero”.
Chávez Flores hizo ver que, en lo concerniente al desempeño de las sucursales de esta institución; la construcción y ubicación de los sitios de servicio del Banco terminarán en manos de los ingenieros de la SEDENA, junto a la administración y ejecución del programa original; sin embargo, hay problemas tras la elección decretada para la disposición de predios e inmuebles, dado que la ubicación generó aprietos por el acceso de los posibles usuarios.
“El problema de la ubicación, además de la logística básica, estriba en que los servicios de comunicación de estas sucursales -ubicadas muchas veces en lugares remotos- son prohibitivas por los costos de energía eléctrica, internet y telefonía”.
Macarena Chávez concretó que si bien la actuación de la Auditoría Superior, es autónoma, “no podemos dudar que los encargados de las revisiones al gobierno federal se comporten de manera indulgente en sus reportes, razón por la cual se hace necesario que dicha institución presente un informe detallado de sus operaciones a nivel sucursales”.
Subrayó que, por la forma en que fue integrado, “el reporte constituido como irregularidades en el ejercicio 2020”, no permite utilizarlo como materia de algún tipo de responsabilidad administrativa o de proceso penal ante el desempeño del Banco del Bienestar y de sus titulares, lo cual se presta para especulaciones”.
Por lo tanto, finalizó, es fundamental que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión -como principal órgano garante de la transparencia- requiera conocer de la fecha de inicio de actividades de cada una de las sucursales actualmente construidas, el estado en que se encuentra su operatividad, así también el padrón de usuarios, la inversión total y los resultados alcanzados por el llamado banco del bienestar a la fecha.
