Ciudad de México, México.– La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino concluyó el proceso de entrevistas a las personas aspirantes a ocupar las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
“En este segundo día de entrevistas estaremos culminando con un requerimiento que forma parte del proceso de designación de ocho magistraturas, las cuales estamos seguros en esta comisión serán ocupadas por ciudadanas y ciudadanos con la trayectoria, experiencia, responsabilidad y honorabilidad necesaria para ser considerados para el cargo al que fueron propuestos”, expresó el diputado morenista, José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de esta comisión.
Al reanudarse la sesión permanente de la comisión para la conclusión de las entrevistas, el legislador afirmó que “ocupar un cargo de tal naturaleza significa un compromiso, no sólo personal y profesional, sino que está investido por una gran responsabilidad, dado lo relevante de las decisiones que en esa posición se pueden llegar a tomar”.
En su oportunidad, Agapito Campillo Castro, quien cuenta con 28 años de servicio en el TSJCDMX, consideró necesario actualizar los procesos tradicionales escritos y aprovechar las nuevas tecnologías para proteger y garantizar los derechos humanos de la población en la impartición de justicia.
En este sentido, reconoció el avance de la justicia digital y el uso del expediente electrónico judicial digital, y sugirió avanzar en los procedimientos de notificaciones, tramitación de exhortos y citas por vía electrónica, lo que ayudaría a evitar la percepción de corrupción entre la ciudadanía.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (AP Mujeres Demócratas) preguntó cómo incentivar a los litigantes para utilizar el sistema electrónico de citas y qué reformas propondría para mejorar el uso del expediente electrónico y las audiencias virtuales; el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) se refirió a que sólo hay convenios con el Estado de México para el envío y devolución de notificaciones electrónicas de exhortos y no existe con el resto de las entidades, y al bajo uso de las citas electrónicas; el diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI) coincidió en la importancia de aprovechar las tecnologías de la información; el diputado Aníbal Cañez Morales (PAN) destacó que todas las propuestas de magistrados tienen una carrera sólida en la impartición de justicia y cuestionó las áreas de oportunidad para mejorar su labor; y la diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) insistió en la importancia del uso de tecnologías de la comunicación y la profesionalización del personal, y sugirió perfeccionar el sistema de citas y generalizar el uso del expediente digital.
En la ronda de respuestas, Campillo Castro sugirió adecuar la legislación para la implementación de los juicios en línea y para que todas las notificaciones de un procedimiento que se hagan a los abogados sean a través de un correo electrónico, con excepción del emplazamiento, así como para la ejecución y materialización de las sentencias emitidas.
En su turno, Roberto Martínez González afirmó que, pese a los avances en las leyes, las mujeres aún enfrentan situaciones de discriminación, violencia y desigualdad cotidianamente, por ello, resaltó la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Asimismo, planteó mejorar la impartición de justicia a través de la modernización bajo los principios de calidad y eficacia, para asegurar un servicio público de calidad en las respuestas; además, de continuar con la implementación de los expedientes electrónicos.
En tanto las y los legisladores coincidieron en reconocer la trayectoria profesional del doctor Martínez González, y preguntaron qué elementos se deben tomar en cuenta para resolver con perspectiva de género, de qué manera los juzgadores identifican situaciones de vulnerabilidad, qué acciones se toman en consideración para buscar el equilibrio del desarrollo de los procedimientos y cuál sería el precepto constitucional que prohíbe toda forma de discriminación.
Al dar respuesta a los cuestionamientos, el aspirante a magistrado, precisó que al juzgar con perspectiva de género se pretende detectar y eliminar las barreras que discriminan a las personas por condición de sexo, es decir, que la igualdad de género no es que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino que el acceso y el ejercicio de sus derechos no dependan del sexo de las personas, e indicó que existen protocolos para atender la perspectiva de género.
En su oportunidad, Armando Sánchez Palacios expresó que, en caso de ser designado magistrado, su plan de trabajo se enfocará en cuatro ejes principales: aplicación de la perspectiva de género, implementación de ajustes razonables al procedimiento, incorporación de criterios de razonamiento probatorio, y buscar la armonización del Código Penal para el Distrito Federal, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
También se refirió a su propuesta de mejoramiento del Poder Judicial, “mediante el cambio de paradigma en los sistemas de gestión que impacten en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas”, fomentando la realización de audiencias por medios tecnológicos y la consulta del expediente digital.
En la ronda de cuestionamientos participaron las y los legisladores Circe Camacho Bastida (PT), Jorge Gaviño Ambriz (PRD), Ernesto Alarcón Jiménez (PRI) y Nancy Marlene Núñez Reséndiz (MORENA), quienes centraron su participación en los siguientes temas: áreas de oportunidad en la justicia oral, implementación de protocolos de género, retos en la emisión de resoluciones de lectura fácil donde se involucra a niñas, niños y adolescentes, así como su opinión sobre la idea que se tiene respecto a que en la medida en que se aumenten las penas, se disminuye la incidencia delictiva.
Al responder las preguntas de las y los diputados, Sánchez Palacios indicó que al momento de emitir resoluciones se deben respetar los protocolos establecidos en cuanto a la perspectiva de género y donde se encuentren involucradas personas menores de edad; además consideró que se deben buscar otras herramientas de prevención del delito para reducir la incidencia delictiva, porque al “Estado le cuesta muy caro mantener a las personas presas”.
Durante su presentación, Joel Blano Castro comentó que la mejora de la función jurisdiccional tiene que ver con problemáticas de las Unidades de Gestión Judicial, donde las cargas y rezago de trabajo se deben a la falta de conocimientos técnicos y jurídicos del personal, lo que se agudizó durante la pandemia, por lo que se debe transitar a la oralidad en los juzgados penales, así como impulsar la capacitación, el perfil adecuado y la reorganización del personal que trabaja con los jueces.
En su intervención, las y los legisladores presentaron diversas preguntas en torno al funcionamiento de los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos y su protección efectiva; las acciones para mitigar el rezago de trabajo; los alcances de la justicia oral y las claves para lograr procesos adecuados, modernos y eficientes, así como el papel de las Unidades de Gestión Judicial en el nuevo modelo de administración de justicia.
Al respecto, el aspirante comentó que pese a la importancia de los Juzgados de Tutela hay poca información sobre su función. Agregó que ante el rezago se implementó la actualización del personal, mientras que si bien, los juicios orales han ayudado, hace falta fortalecer los mecanismos alternativos de solución, así como impulsar la justicia digital y estudio de derecho en los trabajadores. Finalmente, comentó que tanto las UGA´s como los juzgados del procedimiento escrito tienen un papel importante en la transición y reducción de carga de trabajo.
Por su parte, el magistrado presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, confió en que la evaluación minuciosa realizada con estas entrevistas tendrá trascendencia para la institución y servirá para el fortalecimiento de “esta casa de justicia”.
“Felicito muchísimo su disposición, y, sobre todo, el acompañamiento que tienen con el poder judicial, se los agradecemos”, afirmó.
