Ciudad de México, México.– El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la presentación del Protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de Violencia Política en Razón de Género en el estado de Hidalgo.
El Protocolo es un documento que guía la actuación que el INE deberá seguir desde los primeros acercamientos que se tengan con las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política en contra de ellas por razones de género.
Al presentar el documento, la consejera Norma De la Cruz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, destacó la importancia de que todas las y los trabajadores del Instituto conozcan cuáles son los ejes rectores de primer contacto que se debe dar a las víctimas de violencia política por razón de género, es decir, “cuando la persona llega a presentar una denuncia o una queja cómo la vamos a tratar”.
Argumentó que la Violencia Política por Razón de Género va en aumento. Del 14 de abril al 3 diciembre de 2021 hubo 170 quejas por este motivo, mientras que, en este año, con corte al 6 de mayo ya existen 28 quejas, eso significa que este tipo de violencia va incrementando, a pesar de que no está en curso un Proceso Electoral Federal.
La consejera De la Cruz señaló que el problema no se puede resolver sólo por el INE o los Organismos Públicos Locales ya que se trata de un problema estructural pero con este Protocolo se establecen reglas que permiten dar seguimiento a cada una de las denuncias que presenten quienes hayan sido violentadas.
“El objetivo es evitar que las personas que han sido víctimas de Violencia Política por Razón de Género, al momento de denunciar sean nuevamente víctimas del actuar institucional”, afirmó.
El Protocolo, mencionó, establece los ejes rectores de la atención al primer contacto y elaboración de análisis de riesgo que permitan determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y/o plan de seguridad a las mujeres.
Protocolo disminuye la posibilidad de que las mujeres que denuncian sean intimidadas
La consejera Dania Ravel explicó que este Protocolo es un esfuerzo que materializa una lucha que han dado las mujeres durante muchos años.
La importancia de este Protocolo -explicó Ravel-, entre otras cosas, radica en que permite que se dicten medidas de protección no sólo para la mujer involucrada o que presenta su denuncia, sino para su entorno.
“Sabemos que no sólo se ataca a las mujeres, sino a sus colaboradores o incluso a sus familias y gracias a este Protocolo se elimina o al menos se disminuye la posibilidad de que mujeres sean intimidadas por hombres con poder político, al dictar medidas de protección”.
La violencia y política son dos palabras que no pueden ni deben ir juntas, sentenció la consejera Dania Ravel.
La violencia no debe ser el costo para las mujeres en la política
Ariadna González Morales, consejera Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, afirmó que la violencia no debe ser el costo para las mujeres en la política.
“El hecho de que las mujeres logren posicionarse es de suma importancia para una democracia inclusiva, pero no basta con medidas legislativas, hay que garantizar que estos derechos sean ejercidos en plenitud y en una vida libre de violencia”, dijo.
Si bien se ha tenido un marco legal robusto, es a través de las instituciones que se defiende la participación de las mujeres en la política libre de violencia, por ello -añadió- es importante la presentación del Protocolo que permitirá avanzar en la atención y promoción de los derechos de las víctimas de violencia política.
Necesaria colaboración de instituciones del Estado
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que el Protocolo es reflejo del compromiso y cumplimiento del mandato institucional del INE con la máxima protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
“El Protocolo que hoy presentamos y que aprobó el Consejo General del Instituto el pasado 25 de febrero, justo tiene el objetivo de darle mayor claridad y eficacia a ese primer momento clave en la atención a las víctimas”.
Córdova señaló que la complejidad de la atención a esta forma de violencia política exige un trabajo de coordinación, comunicación y colaboración interna que involucra lo mismo a órganos desconcentrados del INE, que a unidades técnicas, pero también de la colaboración, diálogo y alianzas con autoridades electorales administrativas estatales y jurisdiccionales a nivel nacional y local.
“El trabajo de coordinación interna en el INE, así como la labor colaborativa y la construcción de alianzas con otras instancias y órganos públicos es necesaria por la dimensión del problema que enfrentamos, este no es un problema estrictamente electoral, es un problema integral en un contexto donde el feminicidio y la violencia contra las mujeres se ha vuelto un problema estructural de la convivencia social”.
Córdova recordó que la presencia de la violencia y la criminalidad organizada es un problema estructural que, si bien puede afectar a los procesos electorales, no es un problema electoral y sólo como Estado y con colaboración entre instituciones, podrían darse resultados en su combate.
