Ciudad de México, México.– Desde el Senado de la República se impulsa una iniciativa, de carácter constitucional, para fortalecer la independencia de las fiscalías locales en todas las entidades federativas, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.
Durante los diálogos parlamentarios “Independencia de las fiscalías locales: garantía de justicia cotidiana”, la legisladora destacó que esta Cámara del Poder Legislativo está comprometida para resolver el gran problema de la impunidad y la falta de acceso a un sistema de justicia eficiente, que dé respuesta a todas las necesidades de la ciudadanía.
Por ello, indicó, actualmente se revisa una iniciativa que faculta a las legislaturas locales a fortalecer la autonomía de las fiscalías locales, para mejorar y homologar los procedimientos específicos sobre los nombramientos, la carrera ministerial, la remoción de sus titulares, así como los periodos en el cargo y los mecanismos para su ratificación.
La base constitucional que se analiza, agregó, también está encaminada a propiciar que se legisle localmente en materia de una autonomía presupuestal de las fiscalías; la profesionalización de la carrera ministerial con elementos como el ingreso, la formación, la permanencia en sus cargos, capacitación y actualización de todas las personas servidoras públicas que laboran en estos centros de impartición de justicia.
Precisó que es fundamental que cuenten con autonomía presupuestal, de lo contrario no se resolverá el grave problema que hay en la procuración e impartición de justicia.
Sánchez Cordero señaló que, desde hace más de una década, uno de los retos de México es fortalecer a las instituciones en el ámbito ministerial y, sobre todo, en el ámbito ministerial local.
Además, se deben impulsar mecanismos que permitan garantizar que las investigaciones de los delitos sean más profundas, eficaces y rápidas, en apoyo a la ciudadanía, al adecuado proceso y en contra de la impunidad.
Refirió que del cien por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país, solamente se denuncian menos del cinco por ciento, de los cuales, menos del tres por ciento llegan a la justicia o incluso a sentencias, ya sean absolutorias o condenatorias.
Por tal motivo, puntualizó, las reflexiones derivadas de este encuentro, serán de gran utilidad para el Senado, para reconocer los retos que tienen estas instancias, las problemáticas a las que se enfrentan y para resolver el gran problema de impunidad que tenemos en nuestro país.
El presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, advirtió que persiste la justicia selectiva, pues depende de la capacidad económica que se tenga para acceder a ella, o para librarse de su aplicación, y lamentablemente responde a cuestiones políticas, más que jurídicas, lo que afecta la imparcialidad y objetividad.
“Estamos muy lejos de lograr que la justicia sea una realidad, las autoridades no han conseguido saldar la deuda histórica que se tiene con las y los mexicanos para asegurar una impartición no discriminatoria, tampoco la de garantizar su seguridad, ni lograr el efectivo respeto de sus derechos”, manifestó.
Subrayó que “la cifra negra” de delitos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó en 2020, indica que el nivel de ilícitos no denunciados o sin una carpeta de investigación ascendía a 93.3 por ciento.
La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los ejes rectores de las fiscalías, se trata de explicar la toma de decisiones para que se entienda el trabajo que se hace y este pueda ser evaluado. “La autonomía sirve para resolver con libertad y sin presiones, pero no puede ser pretexto para no informar”.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, expresó que la falta de autonomía y profesionalización de las agencias investigadoras pueden ser parte de las causas estructurales de la impunidad en las entidades federativas.
La autonomía de los fiscales resulta clave para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, para respetar los derechos del imputado en el proceso penal; para el cumplimiento del deber estatal de investigar, así como para perseguir y sancionar los delitos y las violaciones a los derechos humanos, afirmó la senadora.
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México destacó que la autonomía de las fiscalías debe entenderse como una herramienta para lograr el balance entre la cooperación institucional para promover la seguridad, la justicia y la paz.
Tenemos que contribuir desde las fiscalías locales para la pacificación del país, por lo que estamos directamente en contacto con los fenómenos criminales y con las víctimas de los delitos, subrayó.
Leticia Soto Acosta, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la FGR, dijo que debe fortalecerse el presupuesto para las fiscalías locales, pero cada año decrece.
“Menos de dos de cada 10 pesos de los recursos del Fondo de Recursos Federales para la Seguridad Pública va para las fiscalías locales; por eso es fundamental ver el tema de la asignación de los presupuestos para mejorar su actividad”, acotó.
