Ciudad de México, México.— Por acuerdo general de administración se implementará de inmediato una política laboral de inclusión en el Máximo Tribunal para lograr que por lo menos el 3 por ciento de las personas que trabajan en las áreas administrativas de la Corte sean personas con discapacidad, dijo el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al presentar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Discapacidad.
Asimismo, se anunció la creación de una bolsa de trabajo exclusiva para personas con discapacidad que tengan interés en incorporarse a laborar en la SCJN.
“La Corte sola no puede cambiar la realidad, pero sí puede ser punta de lanza para que la sociedad volteé a ver problemas, situaciones, y realidades a las que normalmente no se quiere ver. Si logramos que con este ejemplo instituciones públicas y privadas vayan poco a poco asumiendo compromiso con políticas de inclusión, me parece que podremos lograr un mejor país para las personas con discapacidad”, afirmó el Ministro Arturo Zaldívar.
En la ceremonia de presentación, el Ministro Presidente señaló que este Protocolo es una herramienta práctica para facilitar la labor de las personas juzgadoras y hacer posible el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y precisó “este protocolo tan importante, tan relevante, es parte de un programa mucho más amplio y de un compromiso de esta administración con las personas con discapacidad. Seguiremos tomándonos los derechos en serio hasta que todos los derechos para todas las personas sean una realidad en nuestro país”.
Al presentar el Protocolo, la Directora General de Derechos Humanos de la SCJN, Regina Castro Traulsen, precisó que este documento es una herramienta práctica que busca facilitar la valiosa labor de las personas juzgadoras de impartir justicia en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales en aquellos casos que involucren o impacten a personas con discapacidad. “Este protocolo guía el actuar de las autoridades jurisdiccionales conforme a los postulados del modelo social y de derechos humanos de la discapacidad”.
En el evento también participaron María Dolores Igareda Diez de Sollano, Secretaria de Estudio y Cuenta de la SCJN; Carlos Ríos Espinosa, Investigador y Abogado Senior de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad Human Rights Watch y Diana Sheinbaum Lerner, Socia Fundadora de DOCUMENTA. Y fue moderado por Daniela del Carmen Suárez de los Santos, Subdirectora General de Derechos Humanos de la SCJN.
Este protocolo tiene la finalidad de identificar cuestiones jurídicas relevantes en los procedimientos judiciales en los que estén involucradas personas con discapacidad y, con base en ello, presentar estándares jurídicos que deben observar las personas juzgadoras para garantizar su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
