Ciudad de México, México. – – El Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), César Buenrostro Moreno y la Secretaria General, Graciela Báez Ricárdez, en representación de la presidencia de la Mesa Directiva de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados, firmaron un convenio de colaboración para ampliar la difusión de las acciones y programas de otorgamiento de créditos a los trabajadores del poder legislativo. La Cámara de Diputados y el Fondo se comprometen a dar facilidades para promover las distintas opciones de financiamiento hipotecario a los derechohabientes del FOVISSSTE, que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas para el Otorgamiento, Formalización y Recuperación de Créditos del FOVISSSTE y de esta forma facilitar el derecho a una vivienda digna para mejorar su calidad de vida.
Este acuerdo que se estableció por instrucción del director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, periodo en el cual se brindará información detallada respecto de las características sobre los distintos créditos que ofrece el FOVISSSTE para la adquisición de una casa nueva o usada, construirla en terreno propio o incluso la compra de suelo y su construcción en el mismo.
Se contempla también dar apoyo en los diversos trámites requeridos para la originación de los créditos a derechohabientes que laboran en el recinto legislativo de San Lázaro.
Además, se realizarán ferias de viviendas en las instalaciones del inmueble parlamentario para acercar los servicios a quienes laboran en el Poder Legislativo Federal y ofrecerles de forma personalizada los diferentes esquemas de financiamiento hipotecario.
Como parte de esta colaboración se estableció que la Cámara de Diputados difundirá en su sede y en sus medios electrónicos todas las actividades y programas relacionados con los créditos del FOVISSSTE.
Con estas alianzas el FOVISSSTE suma 17 convenios de colaboración firmados entre gobiernos estatales, dependencias federales y con la banca comercial, en los últimos tres años, para cumplir con su objetivo principal de dar cumplimiento al derecho a una vivienda digna a los derechohabientes y acreditados al servicio del Estado.
