Ciudad de México, México.— El litio se reconoce como patrimonio de la Nación, por lo que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reservan en favor del pueblo de México, con las reformas aprobadas por senadores a la Ley Minera. Se envío el proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera.
La minuta modificó los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera, y fue aprobada en lo general, con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones.
En lo particular, la Asamblea rechazó las propuestas que presentaron senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 76 a favor y 45 en contra.
La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, destacó que el desempeño de este órgano legislativo, en la conducción del trámite de esta importante reforma, se caracterizó por la aplicación rigurosa de las reglas del procedimiento legislativo y de la discusión y votación que rige para cualquier proyecto o decreto.
“Por lo que hago un reconocimiento a los integrantes de la Mesa Directiva, y a todas y todos los integrantes que conforman este Pleno del Senado por cumplir en términos de Ley y reglamentarios el procedimiento”, subrayó.
Con la reforma se declara de utilidad pública este mineral, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Dispone que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.
Establece que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado, a través de un organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables.
Además, plantea que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará a dicho organismo público en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del mineral.
También dispone que en la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del mineral y de sus cadenas de valor, será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de las y los mexicanos, así como del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que esta reforma garantizará la soberanía energética de la nación sobre el litio y otros minerales que sean estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional.
El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, presidente de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, reconoció la importancia y la trascendencia de la reforma enviada por el titular del Ejecutivo, por lo que pidió el voto a favor de la propuesta.
En su oportunidad, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, aclaró que la iniciativa no habla de nacionalización, sino de declarar la utilidad pública en la exploración y explotación, por eso invitó a los senadores de oposición para que “pasen a la historia”, porque con el litio México puede pagar la deuda externa y salir adelante.
Por Acción Nacional, el senador José Erandi Bermúdez Méndez detalló que no se debe nacionalizar lo que ya es de las y los mexicanos; “hoy lo que vemos, en esta reforma, es un tema de técnica legislativa que no está bien hecha”. Por ello, el legislador calificó la propuesta como un engaño.
Del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum dijo que lo preocupante es que estamos ante un caso de estatización de litio, lo cual, curiosamente, contraviene a la Constitución, ya que dice que no se permiten monopolios en México, así sean estos estatales.
El senador Luis David Ortiz Salinas dijo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no está de acuerdo “con una regulación hecha sobre las rodillas”, que no tuvo diálogo, consulta a los técnicos expertos, ambientalistas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, “entonces para qué hacer una reforma que tiene problemas de técnica jurídica”.
Por su parte, el senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, subrayó que la soberanía energética debe ser una prioridad, a fin de lograr en el presente y mediano plazo, la autosuficiencia energética. Esta reforma le permite al Estado mexicano liderar esa transición, afirmó, pues profundiza la Ley para aprovechar el mineral y convertirlo en un recurso para el desarrollo de almacenamiento de energía.
Del PT, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, subrayó que no se permitirá que la voracidad de las empresas extranjeras acabe con el patrimonio del pueblo, por lo que el dictamen prevé la protección, desarrollo, exploración y dominio del Estado Mexicano sobre el litio.
Marcela Mora Arellano, del PES, dijo que el aprovechamiento del mineral debe reservarse para y en beneficio del pueblo de México. Aseguró, también, que los yacimientos que hay en el país están concesionados para exploración a empresas extranjeras, por lo que la propuesta abona a la autodeterminación del pueblo mexicano.
Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, afirmó que su fracción parlamentaria no está en contra de proteger el litio, sí estamos a favor de la inversión pública y privada para hacer más eficiente la explotación de este material en el país; no obstante, agregó, hay que repensar que es lo que se tiene que hacer con el litio, así como su uso responsable.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, adelantó que votará a favor de la iniciativa, pues contribuirá a impulsar el mercado emergente de litio, lo que generará recursos para nuestro país; sin embargo, pidió realizar un análisis más profundo para estar a la altura de una verdadera reforma minera integral.
Luego de que fue aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
