TRAS LA PUERTA DEL PODER
Por Roberto Vizcaíno
“… ni pensar que (los actos ilegales cometidos por él, que afectan a la República) no sucedieron… hay que enfrentarlos con toda certeza y con toda integridad”, reconoce Ricardo Monreal.
Pero pese a todas las pruebas, a los audios que son contundentes en evidenciar los graves ilícitos cometidos por el Fiscal General Alejandro Gertz Manero, nadie lo puede remover del cargo más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, indica el zacatecano.
En este contexto Constitucional, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Senado no puede hacer más que convocarlo a una comparecencia y abrir un debate sobre sus actos.
Ante las preguntas de si a Gertz Manero se le debe cesar de inmediato, de si debe continuar no al frente de la Fiscalía General de la Nación o debe renunciar, el líder de la mayoría de Morena, Doctor en Derecho Constitucional, explica:
“… de acuerdo con la Constitución y la ley, el Fiscal sólo puede ser removido por el Presidente de la República y siempre y cuando incurra en causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19 constitucional.
“También, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala en qué casos procede.
“Cuando se pierde la ciudadanía mexicana, en los términos del 37 constitucional; cuando se adquiere incapacidad total o permanente, que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses; cuando se cometen violaciones graves a la Constitución. Solamente en estos casos procede y le corresponde al Presidente de la República promover esta acción… (sólo) en el caso de que se cumplan estos extremos jurídicos y constitucionales.
“Y, una vez que la persona encargada, el titular del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, actúe de esta manera, tiene que acreditar ante el Senado de la República la causa que motivó la remoción, la separación del titular de la Fiscalía General.
“Se informa al Senado y ahí sí, el Senado es quien actúa, quien decide si objeta o no la remoción. Y, se decide por la mayoría de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, dentro de un plazo que no excede los 10 días hábiles”.
Tal como lo plantea y describe Monreal -único precandidato presidencial abierto para la contienda de 2024-, prácticamente no queda más que esperar que Gertz Manero se vea de tal forma asediado por sus hechos ilícitos, como para llevarlo a la renuncia en el cargo, lo cual se ve muy lejano.
“Pero eso es lo que contemplan la Constitución y las leyes”, remata el zacatecano..
Y agrega:
“No vamos a convertirnos en comparsa de nadie, pero tampoco en Torquemada de nadie… de nuestra parte, vamos a permitir el debate, es obvio que habrá debate: ya lo hay en los medios y, vamos a deliberar sobre eso con plena libertad, autonomía y pluralidad.
“Y, decidiremos en la Junta de Coordinación Política, si lo convocamos, si lo llamamos a comparecer, al Fiscal General.
“Pero no queremos prejuzgar, no queremos ahondar en ningún prejuicio ni violación, hasta en tanto tengamos debidamente conocimiento de todo lo que ha sucedido.
“Tenemos que actuar con mucha rectitud y con mucha seriedad en casos como éstos que afectan a la República y que el Senado debe de actuar con mucha altura en decisiones tan trascendentes que tienen que ver con la institución de la República o las instituciones de la República.
“Por otra parte, tenemos que esperar a que la Corte resuelva sobre el caso comentado en estas grabaciones.
“Yo confío en la Corte, confío en los ministros, los conozco y no se dejan presionar de nadie; y del Fiscal también tengo claridad en su carácter y tengo claridad en su función.
“Por eso es que no adelanto juicios, no hago condenas a priori, sino vamos a espera con los elementos qué determinamos en las próximas horas en el Senado de la República.
“Pero ya les comenté en los pasos procesales y las disposiciones constitucionales que existen para resolver esta situación planteada ahora con motivo de esta filtración ilegal de conversaciones telefónicas”, concluye.
Nada pues, que hacer por más que las grabaciones de sus llamadas telefónicas evidencian que el Fiscal utiliza a la institución para sus vendettas personales y para desde ahí manipular y corromper a ministros de la Suprema Corte lo cual invalida la credibilidad en esa otra institución.
Pésimo caso que debilita al Estado mexicano en uno de sus pilares más sensibles: la justicia.
