Ciudad de México, México.– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó incumplir con el compromiso de las víctimas y mucho menos dar “carpetazo” a los asuntos, pues, añadió, seguirá atendiendo su compromiso con las quejas ante esa instancia en relación a una recomendación.
Con relación a las declaraciones hechas en redes sociales, así como en el canal de televisión “La Octava” del 2 de febrero, por una víctima, reconocida así en la Recomendación 38VG/2020, y por su señora madre, en el sentido de que esta última recibió la notificación de conclusión de dos quejas donde la CNDH le da “carpetazo” a su asunto después de que, afirma, se le aseguró saldría una recomendación, hecho que consideró como represalia por denunciar la revictimización de su hijo por parte de esta Comisión Nacional; privilegiando desde luego el interés de las víctimas a las que se debe, no obstante, es necesario precisar lo siguiente:
Recordó que fue en la actual gestión de la CNDH que se integró y emitió la Recomendación 38VG/2020, después de 6 años de desatención, lo que implicó el reconocimiento de tres víctimas directas, una de ellas, el hijo de la persona declarante. Es decir, que es de nuestro interés, y además nuestra obligación constitucional, lograr su cumplimiento.
Al emitir dicha Recomendación, la CNDH creó un estado de derecho en favor de las víctimas, velando por la protección a sus derechos, a partir de un proceso de seguimiento serio y absolutamente transparente.
Por lo que corresponde a la reparación integral del daño, las pruebas de cumplimiento que obran en el expediente de seguimiento de la Recomendación, constatan que tanto a la víctima directa que ha venido haciendo declaraciones, como a todos sus familiares, les fue otorgada la compensación económica en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas. No obstante, a petición de ellos mismos, al manifestarse inconformes, esta Comisión Nacional hizo gestiones adicionales a lo largo de casi todo el año 2021 ante las autoridades, para llevar a cabo un análisis de complementariedad con el objeto de satisfacer nuevas demandas económicas, mismas que no fue legalmente posible realizar.
El seguimiento de la Recomendación 38VG/2020 está prácticamente agotado, por lo que hace a las personas que recientemente han efectuado señalamientos de desatención por parte de la CNDH en los medios. Las quejas posteriores que han presentado sobre otros hechos también han sido atendidas e investigadas, en el marco de las atribuciones que tiene esta Comisión. Y las notificaciones que se les han hecho respecto a la resolución de algunas de esas quejas no son ninguna represalia, puesto que, por el contrario, siempre han tenido el acompañamiento de Visitadores Adjuntos y de personal de esta Comisión Nacional. En su momento fueron recibidas por la presidenta y atendidas personalmente por diversos funcionarios de la CNDH; se emitió un pronunciamiento referente a su situación; se emitieron medidas cautelares cuando fue menester, y se intervino varias veces ante las autoridades en procura de exponer sus demandas. Es decir, en ningún momento hubo desatención, con todo y que en una ocasión participaron en la toma violenta de uno de nuestros edificios y en otra más, bloquearon los accesos a otra de nuestras sedes.
En lo concerniente a los hechos de violencia que reiteradamente han denunciado, ocurridos en diciembre pasado, en los que se vio involucrada la víctima y servidores públicos de esta Comisión, es necesario precisar que la denuncia fue atendida con toda celeridad y, a partir de ello, dos funcionarios involucrados fueron separados inmediatamente de sus cargos: Ángel Gómez Garza y Roberto Neftalí Araiza Guerrero, y otros tres, Marcos Nolasco López, Darío Mendoza María y Rodolfo Benjamín Martínez Calderón, están siendo investigados; además de que se le otorgó a dicha persona una indemnización compensatoria con la que estuvo de acuerdo y que recibió puntualmente el 24 de diciembre de 2021, independientemente de que el Órgano Interno de Control de la CNDH está deslindando responsabilidades.
Por esos hechos, la CNDH reitera que conductas de ese tipo por parte de sus funcionarios, no tienen cabida en la actual gestión; pero además, hace públicas sus disculpas por las violaciones a los derechos humanos que la acción de quienes fungían como coordinador general de Administración y Finanzas, Angel Gómez Garza, y un analista del área de seguridad, Roberto Neftalí Araiza Guerrero, generaron en la víctima; lamenta la afectación no solo de su dignidad sino de su integridad física; y asume el compromiso de capacitar mejor a su personal, en especial de las áreas administrativas y de seguridad, y además, reformar su normatividad, para sancionar y asegurar el debido trato a este tipo de casos, en prevención de que no vuelvan a repetirse.
Es de señalar, por otro lado, que el hecho de que se integre un expediente de queja, no implica necesariamente que se resolverá mediante recomendación. En todos los casos que conoce la CNDH, incluido el de las víctimas que han hecho declaraciones, previo a emitir una determinación se realiza el análisis exhaustivo y minucioso de los hechos narrados por las y los peticionarios, a la luz de las evidencias aportadas por ellas mismas y por las autoridades a quienes se les hace el señalamiento de las violaciones a derechos humanos, sin que se emitan conclusiones caprichosas o por consigna, observando los principios de legalidad, imparcialidad y certeza jurídica previstos en la Constitución y buscando siempre reconocer la verdad.
Este Organismo Constitucional Autónomo, como garante y defensor de los derechos humanos, desarrolla todas sus actividades en apego a las facultades y atribuciones que le confiere la ley, aplicando en todo momento el principio pro persona y actuando sin apasionamientos ni prejuicios, con el único propósito de esclarecer los hechos que son de su competencia, relacionados con violaciones a derechos humanos.
Cabe destacar que, en el caso particular de la familia que ha expuesto públicamente sus inconformidades, a partir de la emisión de la Recomendación 38VG/2020, esta Comisión Nacional ha agotado todas sus facultades para lograr su cumplimiento y ha mostrado una reiterada actuación de compromiso en favor de las víctimas, incluidos apoyos económicos para hacer sus gestiones, que hubo que suspender, toda vez que se tuvo información de que ellas recibían simultáneamente medidas de ayuda por parte de las autoridades competentes, lo que no es permisible legalmente.
Respecto a la denuncia que expresó el 2 de febrero la señora madre de una de las víctimas de la Recomendación 38VG/2020 en el programa “La Octava”, en el sentido de que el Visitador que la notificó le había revelado que “recibió instrucciones superiores precisas de rasurar” su expediente para emitir la conclusión de sus quejas, cabe decir de manera categórica que ni eso fue así, ni el Visitador Adjunto Christian Gabriel Pérez Correa, responsable de la diligencia, en ningún momento emitió pronunciamiento alguno en ese sentido, su actuación se redujo a notificar tal y como lo marca nuestra normatividad. Sin embargo, la señora mantiene su derecho de denunciar, por las vías que considere pertinentes, y la o las personas denunciadas el de aclarar lo que se tenga que aclarar.
Y por lo que se refiere a los antecedentes laborales de Luciana Montaño Pomposo, Coordinadora de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, y de Carmen Ojesto Martínez, directora del PAMIMH, así como a su desempeño en la CNDH, en ningún sentido comprometen el actuar de esta Comisión, por lo que no existen nexos de complicidad con la Secretaría de la Defensa Nacional, ni con nadie. En todo caso, tanto las víctimas como las personas señaladas mantienen su derecho de iniciar denuncias por lo que consideren deba ser esclarecido, y por nuestra parte manifestamos nuestra plena disposición de atender cualquier demanda en ese sentido.
Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera su compromiso con todas las víctimas de la Recomendación 38VG/2020 hasta su total cumplimiento, y en general con todas las víctimas, su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
