Ciudad de México, México.– Servidoras y servidores públicos que denuncian un posible delito cometido por personas del mismo sector público, se encuentran expuestos a represalias como: hostigamiento y violencia, despido injustificado o amenazas, aseguró la senadora panista, Gina Andrea Cruz Blackledge.Por ello, la legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de que las y los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave, tendrán derecho a recibir, por parte del ente público donde presten sus servicios, en coordinación con el Ministerio Público, algunas de las medidas de protección previstas para las víctimas u ofendidos.
La propuesta enviada a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, sugiere que dichas medidas de protección se apliquen cuando, de la investigación de los hechos, se desprenda la posible comisión de un delito.
En tal caso, precisa, se daría cuenta de manera inmediata a la autoridad respectiva para que inicie los procedimientos pertinentes, manteniéndose en todo momento la confidencialidad de la información de la persona denunciante y del proceso hasta su conclusión.
Cruz Blackledge aseguró que la protección de quienes denuncian debe ser real, pues las y los denunciantes “son auténticas heroínas y héroes” que tienen el valor y arrojo de señalar el uso indebido de recursos públicos o su desvío para fines contrarios a los que el Poder Legislativo ha determinado.
La lucha contra la corrupción, para ser real, para dejar de ser un mero argumento retórico del gobierno, puntualizó, debe basarse en sanciones ejemplares.
