Ciudad de México, México. – – El recorte presupuestal por casi cinco mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), más que un ajuste es una venganza política contra el órgano electoral, afirmó el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez.
En el dictamen que presentó y discutirá y en su caso aprobará esta tarde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el monto que se le reduce al INE asciende a cuatro mil 913 millones de pesos.
“Esto parece más que una reasignación presupuestal, una venganza totalmente política contra el Instituto encargado de dar orden a las elecciones, el próximo año tenemos ejercicios democráticos mandatados por la Constitución como es la revocación de mandato y en este momento quitarle al INE casi cinco mil millones de pesos representaría una dificultad grave para llevar a cabo este ejercicio”, sostuvo.
Destacó que los recursos que se le están quitando al INE se canalizarán al “despilfarro de la política social de Andrés Manuel López Obrador”, a programas sociales que han sido cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación.
Cabe recordar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, contemplaba una disminución de 2.17 mil millones de pesos; sin embargo, en el dictamen que comenzó a circular la tarde de este 8 de noviembre, la cifra ascendió a casi cuatro mil 913 millones de pesos. Es decir, sumando el recorte total es de 7.07 mil millones de pesos.
En 2021 al INE se le aprobó un presupuesto de 26.8 mil millones de pesos; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 la reducción al presupuesto inicial era de 2.17 mil millones, lo que dejaba el monto total en 24.6 mil millones; sin embargo, con el ajustó de cuatro mil 913 millones contemplados en el dictamen el presupuesto final propuesto queda en 19.7 mil millones de pesos.
“Vemos con mucha preocupación que estos recursos que se le están recortando al INE, se estén destinando a programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien son programas sociales, sus reglas de operación no están del todo claras y existen diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, respecto al manejo de estos recursos”, concluyó.
