Ciudad de México, México.– Integrantes del grupo parlamentario priísta presentaron una iniciativa para adicionar el apartado D al artículo 26 de la Constitución Política, a fin de que el Estado cuente con una Comisión de Evaluación de Políticas Públicas y Programas Institucionales.
Este órgano autónomo se encargaría de la revisión, análisis y evaluación de políticas públicas, programas y situaciones emergentes y críticas que pongan en riesgo la salud y la seguridad de la población, con la finalidad de que ante la evidente falta de resultados positivos se evalúen las acciones y se propongan las mejoras necesarias para su optimo desempeño.
Su primer encargo sería valorar el Sistema Nacional de Salud y, en su caso, reformarlo, proponiendo su rediseño integral para lograr en el menor tiempo posible la universalidad de servicios de salud de alta calidad y la protección financiera de las familias, señala el segundo artículo transitorio.
El documento suscrito por la diputada Frinné Azuara Yarzábal y los diputados Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Ignacio Moreira Valdez, y demás integrantes del grupo parlamentario, tiene como propósito valorar los resultados de políticas públicas y programas del Ejecutivo Federal que notoriamente no estén dando resultados positivos y, por ende, no cumplan los objetivos que les dieron origen.
Destaca que la renovación del sistema de salud cobra especial relevancia debido a los estragos que ha dejado la pandemia del Covid-19 y a la importancia de contar con un esquema que responda eficazmente a los retos que imponen las crisis sanitarias como la que aún se padece, y las que sin duda están por venir.
Refiere que la Comisión de Evaluación estará integrada por ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio, representantes de los sectores público, privado y social, así como de los ámbitos académico y profesional, nombrados por el presidente o presidenta que designe la Cámara de Diputados.
Menciona que el titular de la comisión será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y deberá estar investido o investida de una personalidad objetiva e imparcial, con la intención de crear una estructura sólida capaz de generar propuestas estratégicas que coadyuven en la mejora de la gestión gubernamental.
Al tratarse de una reforma constitucional que implica las facultades del Poder Legislativo, se busca establecer un mecanismo de supervisión de alto impacto que obligue a una coordinación entre poderes respecto a la evaluación y modificación de las estrategias aplicadas, sobre todo en materia de salud y protección del bienestar de las y los habitantes del país, precisa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
