Ciudad de México, México.– Carecer de vivienda resta años de vida, en México se calcula que para los niños en situación de calle la esperanza de vida es de 25 años; es decir, 50 años menos que el promedio del resto de la población. De acuerdo con el Censo 2020, hay más de ocho millones 669 mil viviendas deshabitadas y de uso temporal; es decir, aproximadamente 19 por ciento del total en el país, comentó la secretaria técnica de Proyectos del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, Mariana Sánchez Vieyra.
Al participar en el panel de expertos “El reto de la vivienda en la nueva normalidad”, organizado por esa entidad académica, en ocasión de la 4ª. Semana Nacional de las Ciencias Sociales y el Día Mundial de Hábitat, señaló:
Contar con una vivienda adecuada es un derecho humano y un factor central para la calidad de vida de las personas; sin embargo, grandes sectores de la población urbana mexicana carecen de ella.
En su artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos Humanos la considera fundamental y a la par de la alimentación, el vestido y la asistencia médica. Además, es una garantía que reconoce la Constitución en su artículo 4º. Sin embargo, numerosas familias e individuos no tienen acceso a un inmueble apropiado o comparten el techo con otras personas; al mismo tiempo, hay una cantidad importante deshabitados.
La casa se convirtió en una defensa contra la COVID-19 por la estrategia de permanecer en ella, pero en México no todas las personas cuentan con un hogar, ya que hay quienes se encuentran en situación de calle. Además, debido a la emergencia sanitaria una cantidad importante de mexicanos perdieron su empleo y tuvieron que desalojar sus casas. En otros casos, por el hacinamiento o la carencia de servicios básicos como agua potable, no se pueden tener normas mínimas de distanciamiento social o el lavado de manos, recordó.
Grandes urbes, grandes problemas
Marina Contreras Saldaña, del Posgrado en Urbanismo de la UNAM, al hablar del panorama en Ciudad Juárez, dijo que en esta metrópoli hay una importante aplicación de la política habitacional de interés social, promovida después del año 2000. De 2001 a 2010 se construyeron 150 mil viviendas nuevas para los trabajadores formales que llegaron por las corrientes migratorias y en 10 años se construyó 30 por ciento del parque habitacional actual.
En 2017, destacó, más de la mitad de las colonias eran fraccionamientos, la mayoría de interés social y pocos residenciales. Según el Censo 2020, siete de cada 10 viviendas son propias, y la mitad aún se están pagando; este dato es importante en el contexto de la pandemia, en el cual el ingreso y la deuda han jugado un papel crucial.
Eftychia Bournazou Marcou, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, detalló que la vivienda es un problema de largo plazo, estructural, que se puede abordar desde sus escalas de unidad espacial con sus características materiales, hacinamiento, infraestructura, etcétera, o ser vista a partir de su entorno, localización relativa respecto a bienes, servicios y fuentes de empleo.
Al abordar el tema de la Zona Metropolitana del Valle de México, aseveró que una de las estrategias importantes en esta región debería ser la descentralización de las actividades, unidades económicas, dotación de bienes y servicios, y fuentes de empleo. “Esto, mucho más allá de lo que nos hizo recordar la pandemia, es uno de los retos fundamentales para mejorar la vida de las personas que viven alejadas de dichos bienes”.
En su oportunidad, la coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, María Silvia Emanuelli, recalcó que de acuerdo con cifras oficiales de 2015, en México 76.2 por ciento de la población ocupada no podía acceder a la compra de una casa a través del mercado, tampoco por crédito ni por subsidios. “Las mayorías siguen quedando fuera y la vivienda que se ha producido, no es la adecuada”.
El derecho a este bien se entiende sólo para los asalariados y los propietarios, y se excluye a las mayorías. La solución para tener una visión amplia de ese derecho es comprenderlo como lo hacen los tratados internacionales de derechos humanos: que sea una posibilidad para todos. El Estado, sugirió, debería reforzar alternativas como la tenencia cooperativa y comunal, los fideicomisos de tierras comunitarias, los procesos de producción social del hábitat, la vivienda pública, el mejoramiento de barrios, etcétera.
María de los Ángeles Zárate López y Alonso Hernández Guitrón, de la Universidad Autónoma de Baja California, al referirse al caso de la ciudad fronteriza de Tijuana, expusieron que cuenta con 576 mil viviendas. En 2015, 30.5 por ciento pertenecía al segmento popular, 25.7 a la vivienda tradicional, 13.3 a la tipo económica y 19.8 por ciento a la residencial. Del total, 24.7 presentaba algún grado de hacinamiento.
La urbe ha crecido sobre todo por la creación de nuevos conjuntos habitacionales y la formación de asentamientos irregulares. Aunque aproximadamente 98 por ciento de las casas dispone de agua entubada y drenaje, comienza a presentar problemas serios en el abastecimiento del servicio.
Los especialistas mencionaron que hay más de 100 zonas consideradas asentamientos irregulares; se trata de cerca de 300 mil predios de los cuales 27 mil no son factibles de regularizar, ya que se encuentran en zonas de alto riesgo. “Hoy se mantienen vigentes los retos previos a la pandemia, e incluso se han agudizado: ampliar los esquemas de financiamiento y que sean adecuados al perfil del usuario, promover una planeación eficiente apoyada en una política de suelo, y repensar el diseño urbano y de las propias viviendas y sus dimensiones”, subrayaron.
A su vez, Franco Barradas Miranda, de la Universidad de Quintana Roo, resaltó que las condiciones de habitabilidad encontradas en un caso de estudio, el fraccionamiento Caribe de la ciudad de Chetumal, son impedimento para cumplir las indicaciones de la Secretaría de Salud, dado que las dimensiones de los inmuebles no permiten respetar la sana distancia. En estos sitios “el hacinamiento físico y funcional genera estrés y obstaculiza el sano desarrollo”.
Además, la falta de disponibilidad de agua durante el día dificulta el lavado frecuente de manos, y ello podría explicar por qué ese conjunto habitacional es de los más afectados por la pandemia en esa localidad, finalizó.
