Ciudad de México, México.— En lo que va del sexenio se iniciaron 570 querellas por delitos fiscales que implican un daño mayor a 20 mil millones de pesos en contra del fisco federal, por factureros, políticos corruptos, empresarios evasores y contra las mismas empresas que ya pueden ser perseguidas penalmente cuando el delito se comete a su nombre en su beneficio, aseguró el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
Ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para analizar el Paquete Económico 2022, el funcionario federal dijo que hay 190 sentencias condenatorias por montos de más de dos mil 600 millones de pesos; se emitieron auto de formal prisión con un monto de 800 millones de pesos y se cumplimentaron más de 100 órdenes de aprehensión.
Refirió que la reforma penal fiscal, en 2020, se logró desactivar al “grupo criminal más importante de subcontratación”, que tenía cerca de 200 mil trabajadores en su nómina y además ha permitido llegar a las cabezas.
Al dar respuesta a los legisladores, el Procurador Fiscal de la Federación aclaró que el régimen de delincuencia organizada no es para contribuyentes, sino para grupos criminales dedicados a defraudar con empresas que evitan el pago de impuestos.
Refirió que se han interpuesto en lo que va del sexenio cerca de 570 querellas por delitos fiscales que implican un daño mayor a 20 mil millones de pesos en contra del fisco federal y del patrimonio de todos los mexicanos, incluye casos de factureros, políticos corruptos, empresarios evasores y contra las mismas empresas que ya pueden ser perseguidas penalmente cuando el delito se comete a su nombre en su beneficio.
Se ha logrado la vinculación a proceso en más de 100 casos por delitos fiscales que representan más de dos mil millones de pesos con daño al erario. En delito financiero se han detectado más de 50 asuntos relacionados con centros cambiarios que operan sin registro, así como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que realizan operaciones de manera irregular.
Se tienen más de 190 sentencias condenatorias por montos de más de dos mil 600 millones de pesos; se emitieron auto de formal prisión con un monto de 800 millones de pesos y se cumplimentaron más de 100 órdenes de aprehensión.
Señaló: “No más simulaciones, el daño al fisco y a los trabajadores ha sido inmenso, tenemos la convicción de combatir las prácticas ilegales en una clara competencia desleal con los empresarios honestos que cumplen sus obligaciones. Estas reformas han hecho que haya un piso parejo”, aseguró.
Romero Aranda refirió la importancia de que las y los legisladores aprueben las reformas planteadas en el Paquete Económico, por ejemplo para combatir la corrupción al prohibir los sobornos, porque se emitía una factura para justificar esta acción.
En su intervención inicial, afirmó que con la reforma penal fiscal, en 2020 se logró desactivar al “grupo criminal más importante de subcontratación”, que tenía cerca de 200 mil trabajadores en su nómina y además ha permitido llegar a las cabezas.
Detalló que se presentaron 42 denuncias contra los grupos factureros más importantes del país y se preparan 100 querellas contra las personas que han consumido esas facturas o han recibido asimilables a salarios.
Ante las y los diputados, el procurador precisó que “tenemos órdenes de aprehensión contra los grupos de outsourcing y factureros más importante del país”. Señaló que el perfil que manejaban las personas que realizaban estas actividades era de muy alto nivel económico y con grandes fortunas, pero finalmente “son delincuentes de cuello blanco”.
“Han sido de las reformas estructurales más benéficas que ha tenido el país en este periodo, incluida la de outsourcing. Se le reconoce al Congreso de la Unión” aseguró.
Subrayó que al eliminarse el outsourcing o subcontratación cerca de 2 millones 900 mil trabajadores han migrado a empresas reales donde tributan con salarios reales, los cuales han subido, en promedio, entre 10 y 15 por ciento.
Se calculaba que había 4 millones 700 mil trabajadores en terciarización, es decir, 40 por ciento de la plantilla laboral del país en esas condiciones; estaban contratados por cerca de 7 mil 500 empresas, sólo 900 tenían registro ante la Secretaría del Trabajo. De las 900 sólo 100 tenían registro patronal ante el IMSS y, de esas 100, sólo 40 pagaban impuestos, señaló.
Indicó que se tiene un régimen de excepción para perseguir el delito de delincuencia organizada, el registrar domicilios en zonas de alta marginación y contratar a personas con necesidad económica, para saber cómo se mueve el grupo, tener escuchas e infiltrados y cómo operan el dinero, a través de cateos, con criterios de oportunidad llegando al contador. Eso ha permitido llegar a las cabezas más importantes.
Agregó que la política criminal fiscal que se ha llevado a cabo incluye la persecución de delitos de grandes contribuyentes, los medios alternos de controversias penales y permitió presentar querellas el año anterior contra grandes corporaciones que habían omitido el pago de contribuciones, cometiendo el delito de defraudación y se firmaron acuerdos reparatorios, explicó.
Aseguró que “la política fiscal llevada a cabo por el Ejecutivo Federal, de la mano con el Congreso de la Unión, ha funcionado, porque permitió salir airosos y atender la emergencia sanitaria, y que no se haya caído la recaudación”.
El diputado petista, Benjamín Robles Montoya pidió información sobre el combate la corrupción en el ámbito fiscal y su reforzamiento.
La diputada del verde, Eunice Monzón García preguntó por qué es más conveniente un nuevo régimen simplificado de confianza en comparación con el régimen de incorporación fiscal y cómo se garantiza que el nuevo régimen sea realmente un incentivo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y no para la informalidad.
El legislador panista, Paulo Gonzalo Martínez López preguntó qué acciones, actividades o políticas públicas se tienen considerados para que las empresas que se cerraron por la crisis puedan seguir vigentes, se reactiven y puedan volver a integrarse como tributarios fiscales que generen desarrollo, producción, economía y fortalezcan los empleos “que mucha falta le hacen a este país”.
La diputada morenista, Adriana Lozano Rodríguez dijo que la persecución de delitos fiscales es una realidad y se pronunció por evitar la acumulación de riqueza a costa de la hacienda pública. Manifestó que apoyará cualquier reforma que combata la delincuencia; pidió cifras sobre los avances obtenidos en cuanto a los delitos fiscales.
