Ciudad de México, México.— El Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional proteger, deben promover y garantizar irrestrictamente los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur del país, demandó la senadora petista, Geovanna Bañuelos de la Torre.
La petista, asentó, está comprometida con los derechos de quienes transitan por México en busca de mejores condiciones de vida, en especial con las y los centroamericanos que han salido de su país por un entorno que pone en riesgo su integridad física y su libertad.
En un punto de acuerdo, que fue turnado directamente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Bañuelos de la Torre aseguró que la inseguridad y pobreza que padecen El Salvador, Guatemala y Honduras, obligan a decenas de miles de personas a dejar sus hogares rumbo a Estados Unidos, lo que convierte a México un país de tránsito y destino de la migración.
Por ello, subrayó que es fundamental incrementar el presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que se garantice el principio de “no devolución y de no rechazo en la frontera”, así como a evitar que se detengan a niñas, niños, adolescentes y la unidad familiar.
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, como el Grupo de Trabajo en Política Migratoria y la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, los trámites para obtener la calidad de refugiado son extremadamente lentos, por lo que deben permanecer, privados de su derecho al libre tránsito, en el mismo lugar.
La legisladora del PT asentó que esto lacera sus derechos, porque los obliga a permanecer en espacios territoriales donde las oportunidades de desarrollo son escasas y muchos migrantes se trasladan a otras entidades en busca de oportunidades laborales, para mantener un ingreso que les permita subsistir.
A pesar de ello, denunció, las autoridades migratorias y la Guardia Nacional optan por disolver las caravanas cuando se trasladan de Tapachula a algún otro municipio de Chiapas como Huixtla, y estas personas son sujetas de acoso, discriminación, uso excesivo de la fuerza y detención.
Bañuelos de la Torre aseguró que “el INM falta a su deber de instrumentar la política migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de personas migrantes nacionales y extranjeras”.
Toda vez que, en la última semana de agosto y la primera de septiembre de 2021, se ha reportado el uso de fuerza excesiva, así como decenas de detenidos ante la disolución de una caravana migrante que partía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Manifestó que las acciones de abuso de poder, represión, uso excesivo de la fuerza y violación grave y sistemática de derechos humanos, que documentan constantemente los colectivos, y que incluyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, son absolutamente reprobables y contravienen tratados internacionales y leyes nacionales.
