Ciudad de México, México.– La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tiene que informar a la Comisión Permanente respecto al daño patrimonial causado por la pérdida de dos mil toneladas de maíz del ciclo agrícola 2020, propiedad de Seguridad Alimentaria Mexicana (Selgamex), que se encuentran almacenadas de manera inadecuada en el municipio de Villaflores, Chiapas.
Así lo propuso el senador priísta, Ángel García Yáñez, a través de un punto de acuerdo que fue turnado a la Tercera Comisión para su análisis y dictamen correspondiente.
El legislador dijo que esa dependencia federal también debe notificar al Congreso sobre las denuncias que, en su caso, procedan en contra de los servidores públicos que hayan permitido la sustracción y venta de maíz en Guatemala.
Desde diciembre de 2020, más de dos mil toneladas de maíz, propiedad de Selgamex, se encuentran a la intemperie, expuestas al sol y a la lluvia en un campo de futbol de tierra, en el ejido Úrsulo Galván, del municipio de Villaflores, Chiapas. García Yáñez indicó que el maíz fue comprado a productores por medio del programa Precios de Garantía.
Además, en la primera quincena de mayo se encontraron en la región frailesca y centro de Chiapas decenas de terrenos ejidales usados por Seguridad Alimentaria Mexicana, para almacenar unas 200 mil toneladas de maíz, en costales de polipropileno de 50 kilos, en medio de basura y roedores.
El senador refirió que el gobierno invirtió mil 122 millones de pesos en la compra de maíz, pero “las personas encargadas de resguardar la semilla argumentan que, en medio de la temporada de lluvia, la mayor parte de las mazorcas se ha mojado y los trabajadores han tenido que rociar fumigantes para matar las plagas de hongo y gorgojo”.
Aunado a ello, cientos de costales de maíz, sustraídos de bodegas de Segalmex en Chiapas, se descargaron en un almacén llamado “Jazmines”, en Guatemala, que se dedica a la compra-venta de granos en la región. Posteriormente, unas cien toneladas de maíz fueron reembolsadas en costales transparentes de 50 kilos, para su comercialización a granel en territorio guatemalteco con otra marca.
Esta situación nos remite a una completa ilegalidad, falta de supervisión, lineamientos e irregularidades en los procedimientos para la comercialización del maíz en el ejido Úrsulo Galván, denunció el legislador.
